Monasterio de Sijena
La jueza ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña devolver las pinturas de Sijena en un plazo de siete meses
El MNAC debe cumplir la sentencia de devolver las pinturas murales a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena o presentar un cronograma alternativo en 10 días.
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Este conflicto patrimonial parece estar a punto de terminar. La jueza Rocío Pilar Vargas, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, ha dictado la orden de ejecución definitiva de la sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena. Según ha informado EFE, la magistrada fija un plazo de siete meses para que se lleve a cabo la devolución. Además, el auto establece que, si en diez días el MNAC no puede ajustarse a este plazo, deberá presentar un cronograma alternativo que será valorado judicialmente.
Una disputa patrimonial entre Aragón y Cataluña
La sentencia de la Sala de lo Civil obliga al MNAC a restituir las pinturas murales a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca), de donde fueron retiradas al inicio de la Guerra Civil. Las obras fueron arrancadas en condiciones precarias por el funcionario de la Generalitat catalana José Gudiol.
El conflicto en torno a los bienes del Monasterio de Sijena es uno de los más relevantes del patrimonio artístico en España. En plena Guerra Civil, el monasterio fue incendiado y diversas obras, incluidas las pinturas murales y objetos litúrgicos, fueron trasladadas para su conservación.
En los años 60 se inició la reconstrucción del monasterio. Sin embargo, en 1970 las monjas de la Orden de Malta, custodias del conjunto, se trasladaron a un convento en Valldoreix (Barcelona), llevándose consigo numerosas piezas. Estas fueron depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo Diocesano de Lleida, ya que Sijena entonces pertenecía a la diócesis de Lleida.
Durante las décadas de 1980 y 1990, las religiosas vendieron un total de 97 obras a la Generalitat de Cataluña por 450.795 euros (75 millones de pesetas). La compraventa más polémica fue la de 44 piezas vendidas al museo de Lérida en 1983. Este lote incluía tres sepulcros de prioras, tablas policromadas del siglo XVIII, pinturas sobre tela de la misma época y altorrelieves de alabastro del siglo XVI.
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