La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía, Mercedes Alaya

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POR EL CASO MERCASEVILLA

La juez Alaya corrige su error y cita como imputados a dos hermanos de Báñez

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, ha corregido el error cometido, cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, fallecido hace 12 años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y en su lugar ha llamado a declarar a dos hermanos de la ministra.

Fuentes del caso han que la magistrada ha notificado a las partes un auto en el que rectifica el error cometido en su anterior resolución y cita a declarar como imputados este viernes, a partir de las 15,00 horas, a Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles que presentaron una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.

Para el próximo viernes, la magistrada ha citado a declarar también en calidad de imputados a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

También han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.

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