SEGÚN EL TEXTO DE IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SOBERANISTA

SEGÚN EL TEXTO DE IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SOBERANISTA

El Gobierno pide al Constitucional que advierta a Mas, Forcadell y otros 19 altos cargos de que puede suspenderles

El Gobierno ha pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones, según consta en la impugnación de la propuesta independentista.

Recurso del Gobierno ante el TC
Recurso del Gobierno ante el TC | Agencias

La impugnación de la propuesta independentista aprobada el pasado lunes que ha registrado este mediodía la Abogacía del Estado en el TC, en la que el Gobierno pide la suspensión inmediata de la moción y de todos sus efectos, también reclama que se notifique personalmente la suspensión a los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán y que se les aperciba del posible delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento.

Solicita que se haga extensiva esa advertencia a quien resulte elegido presidente de la Generalitat en el proceso de investidura que está en marcha en el Parlament catalán y a quienes sean designados consellers.

En su recurso, de 26 páginas, el Gobierno apela al artículo 161.2 de la Constitución para reclamar al Tribunal Constitucional la inmediata suspensión de la disposición sobre el inicio del proceso independentista en Cataluña.

Quiere el Gobierno que el TC notifique a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara la prohibición expresa de admitir a trámite, ya sea para su toma en consideración, o para su debate o votación, iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución.

Y que notifique a Artur Mas y a todo su Consejo de Gobierno la prohibición de promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad.

El Gobierno expone en su recurso que la resolución del Parlament catalán tiene carácter jurídico además de su "marcado carácter político" dado que reconoce la soberanía de Cataluña, atribuye al Parlament poder constituyente y expresa un compromiso de no supeditar el proceso a las decisiones del Estado español y de su ordenamiento jurídico.

Argumenta que la resolución ahora aprobada coincide con elementos de la declaración de 2013, que ya fue declarada inconstitucional. El Gobierno sostiene que la declaración del Parlament supone declarar que el pueblo catalán es depositario de una soberanía nacional distinta a la del pueblo español, lo que vulnera "frontalmente y de forma expresa" el artículo 1.2 de la Constitución.

También sostiene el Ejecutivo que la resolución aprobada vulnera "el deber de lealtad constitucional", que obliga a acatar las reglas del juego político y el orden jurídico existente y a no intentar cambiarlas por medios ilegales.

El Ejecutivo quiere que la impugnación tenga por objeto la totalidad de la resolución, pero desgrana punto por punto los aspectos que, en su opinión, vulneran la Constitución. Y advierte de que la "conclusión evidente" de la lectura del texto es que se pretende evitar cualquier control del Tribunal Constitucional y, por ello, del Poder Judicial.

"Se pretende con ello derogar, para una parte del territorio, no sólo el Título IX de la Constitución y todo lo relativo al bloque de la constitucionalidad sobre el Tribunal Constitucional, sino violentar las notas caracterizadoras de la propia configuración constitucional del Estado como Estado de Derecho, y la más elemental idea democrática, puesto que se infringe abiertamente la separación de poderes, premisa esencial de cualquier ordenamiento jurídico democrático", denuncia el recurso.

Y concluye el Ejecutivo que, sin separación de poderes, "el Parlamento catalán, o mejor dicho, la mayoría no cualificada del mismo, queda como poder absoluto y omnímodo sin límite ni garantía alguna, desapareciendo la seguridad jurídica por completo".

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