EL PRÓXIMO LUNES

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Florentino Pérez declarará como testigo por la 'operación Púnica'

El juez Velasco ha llamado a declarar al presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, Florentino Pérez por la causa en la que investiga a la red de corrupción Púnica. Se trata de una red de "tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que actuaba como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada", según el magistrado.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como testigo al presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, Florentino Pérez, en el marco de la causa en la que investiga a la red de corrupción Púnica, informaron fuentes jurídicas.

Florentino Pérez comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en relación con la parte del procedimiento que se encuentra bajo secreto de sumario. En esta causa se investigan las actividades de la red de corrupción 'Púnica' que presuntamente lideraba el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados.

Este mismo viernes, el juez Velasco ha levantado el secreto sobre 19 tomos que forman parte de la causa y ha prorrogado el del resto de las actuaciones. De esta forma, se autoriza a las partes personadas en el procedimiento a acceder a una parte de las actuaciones y se mantiene el secreto para el resto de la causa, que sólo podrá ser conocida por la Fiscalía Anticorrupción

La operación, que se desarrolló el pasado 27 de octubre, finalizó con el ingreso en prisión incondicional de siete personas, entre las que se encontraban, además de Granados, el empresario de la construcción David Marjaliza, el informático Alejandro de Pedro y el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez. Los dos últimos quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 30.000 y 50.000 euros aunque la Sala de lo Penal ordenó devolvérsela a De Pedro.

Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".

La resolución judicial también apuntaba que las "autoridades municipales" detenidas --entre los que se encontraba el alcalde de Parla José María Fraile (PSOE)-- "se plegaron a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

A los detenidos se les imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, por formar "una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos".

También se adjudicaban, según el juez, "aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama".

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