Ministra de Hacienda
María Jesús Montero, sobre la ley de Doñana: "Juanma Moreno puede meter al país en sanciones gravísimas"
El parlamento andaluz da luz verde a la ley que regularizaría los regadíos en el entorno del parque nacional de Doñana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica por qué el Gobierno no aprueba esta medida.
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El Gobierno tiene previsto llevar la decisión de Juanma Moreno que ordena los regadíos en el entorno de Doñana al Tribunal Constitucional en el momento en que se apruebe de forma definitiva. La tramitación exprés de la ley que regularizará regadíos en el entorno del parque ha estado impulsada por PP y Vox ha originado múltiples críticas.
El PSOE ha cargado contra la Junta de Andalucía pero desde el Gobierno andaluz se critica que este problema viene muy de atrás y nada han hecho los gobiernos socialistas por solucionarlo.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, señala que "el señor Moreno Bonilla nos tiene acostumbrados a echar balones fuera, no asume responsabilidades y reparte culpa". "Más allá de eso lo grave es que hablamos de la preservación de Doñana que por parte de la Unión Europea tiene un seguimiento al ser uno de los pulmones básicos de Europa".
"Esta es una política de regate corto que se corresponde con los intereses electorales"
Mantiene Montero que la actuación del parlamento de Andalucía contraviene el comité de expertos y las recomendaciones de la UE y del Gobierno de España. Se pregunta por qué el Gobierno andaluz adopta esta posición y cree ver una "política de regate corto que se corresponsable con intereses electorales a corto plazo".
"El problema en Doñana es que no hay agua para poder repartir"
Añade la ministra que con esta política Moreno Bonilla incurre en el riesgo de meter al país en sanciones gravísima que se pregunta quién pagará. " A Juanma Moreno se le ha empachado la mayoría absoluta y no escucha a nadie, hay un consejo de participación en Doñana que ha trasladado el riesgo de esta actuación", añade.
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Explica la del PSOE que el problema es que no hay agua que poder repartir y hay una sentencia del Tribunal Supremo en la que se traslada que se sellen los pozos, no es una cuestión de que se pueda autorizar ni legalizar el uso del agua. "Dentro de este debate lo que no se puede hacer es una huida hacia adelante negando que hay un problema y proceder a una situación que engaña a los agricultores".
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