Caso Begoña

El Supremo pide a Fiscalía un informe sobre la posible imputación del Fiscal General

Iustitia Europa, personados en el caso Begoña, carga por su parte contra el Fiscal General por abogar a que las acusaciones populares no formen parte de los procedimientos penales.

Fachada de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid)

Fachada de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid)EFE

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El Fiscal General del Estado continúa en el punto de mira. Hoy la Sala de lo Penal ha solicitado a la Fiscalía que elabore un informe sobre la exposición razonada presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos después de que la Fiscalía de Madrid publicase una nota de prensa con información sobre el abogado del novio de Ayuso. El Fiscal asumió "públicamente" su "responsabilidad" en la elaboración de esa noticia, pero al estar aforado sólo el Supremo puede imputarle.

La Sala que va a estudiar la admisión a trámite de la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid -además de otras denuncias contra el Fiscal- estará formada por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

Antes de conocerse la noticia, desde Granada, García Ortiz ha asegurado encontrarse "tranquilo" ante esa posible imputación. "No quiero hacer ficción judicial y anteponer lo que va a pasar sin conocerlo. Hay que dejar que los plazos se cumplan y esperar a lo que pueda pasar".

García Ortiz cargó contra las acusaciones populares

No es el único frente abierto para el Fiscal General. El pasado jueves, durante la apertura del año judicial, García Ortiz arremetió contra la figura de las acciones populares en los procedimientos: "Es necesario hacer una reflexión sobre la acción popular. Permite el acceso directo a los órganos de investigación sin filtro alguna y pervierte el esquema natural de los tribunales".

En ese sentido, hoy el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, personados ha criticado estas palabras desde los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. "Es grave, porque las acusaciones populares son el último reducto de la sociedad civil para poder enfrentarse a los casos de corrupción. Si no existieran en algunas casos la acción popular, no habría acusación".

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