Desde este martes el ministerio de Sanidad ha ordenado que 800 laboratorios privados y unos 2.000 puntos de extracción pasen a disposición de las comunidades autónomas durante el estado de alarma por el coronavirus.
Serán las comunidades las que decidan qué personas tienen preferencia para ser diagnosticadas, según ha anunciado el ministro Salvador Illa.
En España ya han muerto 18.000 españoles por coronavirus.
El número de fallecidos diarios ha vuelto a repuntar, 567 en las últimas 24 horas. Se han curado más de 67.000 personas. Ahora, para realizar más pruebas y reforzar el diagnóstico, el gobierno ha tomado una decisión importante, y también polémica. Porque ha decidido asumir el control de los laboratorios privados.
Los sindicatos señalan que "para hacer PCRs, se necesitan test" y Sanidad considera fundamental que las pruebas se hagan con un criterio único.
Illa insiste en que "lo que no podemos es, en un periodo de escasez se utilicen las PCRs en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes".
La intención es acabar con los test inútiles, a personas que no lo necesitan; evitar los precios abusivos del mercado, e importante, que no haya positivos que no quedan registrados en el recuento oficial. La sanidad privada asegura que siempre ha estado al servicio de estas crisis.
El presidente en Alianza de la Sanidad Privada Española, Carlos Rus, señala que "hasta ahora se habían marcado pautas claras ante la emergencia sanitaria, pero no había un protocolo en el ámbito de la realización de test a la población".
