Parte de los 33 millones de euros de los cursos de la Junta de Andalucía acabaron en cuentas en Luxemburgo

Un juez asegura que parte de los 33.309.789,16 euros destinados a los cursos de formación a parados de la Junta de Andalucía acabaron en cuentas bancarias en Luxemburgo. Todo se realizó a través de un entramado de empresas en el que participaron algunos consejeros socialistas del Gobierno andaluz.

Concretamente, Manuel Recio y Antonio Fernández, exconsejeros de Empleo de la Junta socialista de Andalucía, durante la etapa de los ERE, se sentarán en el banquillo por varios delitos de prevaricación, malversación y fraude en la concesión de estas subvenciones por valor de más de 33 millones de euros.

Presuntamente lo recibieron las empresas del entramado atribuido al exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, ya fallecido. Así lo ha decretado el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana. Una nueva trama de corrupción salpica a varios de los que fueron hombres fuertes del socialismo andaluz durante la época en la que el histórico político, también condenado, estuvo al frente de dicha Administración.

Por lo tanto, los dos exsocialistas, Recio Menéndez y Fernández García, participaron supuestamente en el desvío de fondos públicos, dirigidos a los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi, junto con un total de otras nueve personas (de las cuales seis también han sido procesadas). Además del propio Ojeda, estaban procesados un hijo de éste y varios trabajadores de las sociedades empleadas en la trama.

Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

El auto de procesamiento del juez Vilaplana

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados "asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad".

Para ello "habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo".

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