María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, responde en directo a las preguntas de Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana sobre el 8M y las manifestaciones convocadas y la ley de libertad sexual.
¿Cómo valora la prohibición de las manifestaciones del 8M en Madrid?
La valoro positivamente. Respeto siempre las resoluciones judiciales, pero es que en este caso la comparto. El TSJM ha hecho lo que hacemos los jueces cuando tenemos que ponderar derechos fundamentales que están en juego. El delegado del Gobierno en Madrid entendió que no procedía que hubiera estas manifestaciones por un riesgo para la salud pública y el TSJM explica perfectamente en todas las sentencias que es imposible ver cómo se controlan los aforos y la asistencia de público.
Madrid es una ciudad muy grande y es muy difícil controlar que se puedan guardar las distancias de seguridad y el TSJM ha valorado el alto riesgo de contagio que puede haber.
Este año hemos sacrificado todos mucho a nivel personal y los que creemos en la igualdad sabemos que la manifestación de mañana es un símbolo y que la igualdad se consigue con políticas efectivas de conciliación y de corresponsabilidad. Habrá otro momento probablemente.
¿Habría sido deseable aplicar protocolos como los de Barcelona en lugar de prohibir las marchas?
Los jueces estamos vinculados por un principio de congruencia y respondemos a lo que nos preguntan. En el caso del TSJM se ha resuelto sobre si era o no posible celebrar las manifestaciones en los términos en los que se habían planteado por los convocantes. Quien debe plantear la alternativa es quien quiere convocar la manifestación.
¿Cree que es necesario regular un consentimiento expreso en las relaciones sexuales?
La voluntad o no de modificar el Código Penal corresponde al legislativo. Lo que sí que es deseable es que el legislativo, cuando afronta una reforma del Código Penal, vea cuál es la regulación existente y es que ahora ya es preciso el consentimiento para que las relaciones sexuales no sean constitutivas de delito. Nuestro Código Penal ya castiga las relaciones sexuales no consentidas, incluso cuando el consentimiento se presta de una manera viciada como es el ejemplo de una víctima que haya sido drogada.
El Consejo General del Poder Judicial aprobó hace pocos días su informe que ponía de manifiesto los problemas de esta reforma: vamos a trasladar la carga de la prueba al acusado. Los derechos fundamentales que se han conseguido en este país, como el derecho a la presunción de inocencia, se deben tener siempre en consideración por aquel que vaya a modificar cualquier artículo del código penal.
