Un juzgado investiga si Koldo García cometió un delito leve de vejaciones injustas sobre su expareja

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm investiga si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos investigado por el 'caso Koldo', cometió un delito leve de vejaciones sobre su expareja Patricia Uriz. Lo hace a raíz de algunos mensajes que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos de Koldo García.

Fuentes jurídicas han confirmado a 'Europa Press' que una vez incoadas esas diligencias, el juez está a la espera de recibir un informe del Ministerio Fiscal. Por el momento no se ha citado a declarar a nadie en este procedimiento.

Estos mensajes hallados llegan bajo el marco de otra causa en la que está imputado Koldo García en la Audiencia Nacional (AN) por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando aún trabajaba para el Ministerio de Transportes. Sin embargo, su exmujer negó "rotundamente" que hubiera sido víctima de violencia machista "por parte del que fue su pareja".

Una vez conocer que la decisión del magistrado de la AN Ismael Moreno llegaba después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera un atestado informando de ese posible caso de violencia de género, el exasesor interesó al juzgado una copia de todos los dispositivos que se le incautaron en la entrada y registro al entender que era fundamental para poder defenderse e instruirse ante la pieza separada por un presunto delito de violencia de género contra su expareja y que, en todo caso, niega que se haya producido.

En el escrito la defensa de Koldo explicaba que salía así al paso tras tener conocimiento por la prensa de que el instructor Ismael Moreno abría esa pieza separada sobre un presunto delito de violencia de género a raíz de un atestado --el 19/2025-- de la UCO elaborado "a partir de información hallada en un dispositivo intervenido".

Lamentaba además que de ese informe de la UCO "nunca" se dio traslado a las partes "pese a haberse solicitado", y recalcaba que pese a que del mismo solo tienen conocimiento el instructor y la propia UCO, los medios de comunicación ya se hacían eco del mismo "y de unas supuestas diligencias de las que tampoco se tiene conocimiento por parte de esta representación procesal".

Señalaba así que el investigado en el marco de la 'operación Delorme' vive "una flagrante filtración a los medios de comunicación" que atenta claramente "contra el más elemental derecho de defensa", y resaltaba que se había quebrado el secreto del sumario y se había iniciado una pieza separada "en contra de los criterios preceptuados en el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

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