Junts pel Sí ha entregado a la CUP una oferta, "la última", para alcanzar un acuerdo de investidura que incluye un plan de choque social con unas partidas presupuestarias para llevarlo a cabo y en el que no hay cambio en cuanto al candidato a la presidencia de la Generalitat, que sigue siendo Artur Mas. También inisiste en "un Govern de transición" con una presidencia coral -poderes repartidos entre cuatro personas- y un proceso soberanista con "seguridad jurídica". El documento será sometido al voto de la Asamblea de la CUP el domingo.
En una conferencia de prensa en el Parlament, el diputado de JxSí Raül Romeva ha presentado "la propuesta de acuerdo", trabajada con la CUP en los últimos dos meses. Ante los medios ha comparecido con la primera secretaria de ERC, Marta Rovira; el vicesecretario general de Coordinación Institucional de CDC, Lluís Corominas; el coordinador general de CDC, Josep Rull; el presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y los diputados Toni Comín, Muriel Casals, Magda Casamitjana y Eduardo Reyes, entre otros.
Romeva ha recalcado que el documento también incluye un proceso constituyente hacia una República catalana que se debe hacer, ha dicho, con "seguridad jurídica", además de un plan de choque social contra pobreza y desahucios. También ha subrayado que políticamente lo que se investiría "no sería un presidente, sino una presidencia", aunque ha admitido que desde el punto de vista legal no habría cambios y el Parlament elegiría un único presidente. Así lo obliga el Estatut, que fija que sólo puede haber un presidente de la Generalitat con sus correspondientes prerrogativas que no se alterarían, aunque sin perjuicio de que todo esto se pueda cambiar en un eventual Estado catalán, que tendría su constitución.
Sin embargo, Romeva ha incidido en que Mas no sería un presidente de un gobierno "autonómico", sino que lideraría junto con tres personas más -con toda probabilidad el mismo Romeva, Oriol Junqueras y Neus Munté- "una presidencia para la transición entre el estatus actual" y una "república catalana".
El que fuera cabeza de lista de Junts pel Sí el 27-S ha indicado que en las conversaciones no se ha acordado el equilibrio de votos de la CUP de cara a la investidura, para la que se requerirían al menos dos favorables y ocho abstenciones del partido antisistema. JxSí ha presentado esta propuesta para que la CUP la someta a la Asamblea Nacional el próximo 27 de diciembre. Este órgano de decisión de los 'cuperos' votará sobre cuatro escenarios: aceptar el acuerdo político y apoyar a Mas, rechazar ambas cosas y trabajar para buscar un candidato de consenso; apoyar a Mas pero rechazar el acuerdo político; y finalmente descartarlo todo y emplazar a JxSí a buscar apoyo en otros grupos del Parlament.
Romeva ha evitado valorar escenarios alternativos a la CUP en el Parlamento catalán hasta que se pronuncie la Asamblea y, ante la pregunta de si el proceso se pararía frente a una oferta de referendo por parte del Estado, ha remarcado: "¿Hay una oferta de referendo?". En cuanto al proceso hacia la independencia, Romeva ha recalcado que se debe proceder "con todas las garantías jurídicas", por lo que la prioridad del Govern será, ha dicho, constituir las "estructuras de Estado" y los nuevos marcos legales necesarios para la transición. Un proceso que Romeva ha subrayado que debe ser "escrupulosamente democrático", ya que "empieza en las urnas -del 27-S- y acaba en las urnas" con unas elecciones "constituyentes" y un referendo para ratificar la hipotética constitución catalana.
El exeurodiputado de ICV ha subrayado que el objetivo fundamental del posible acuerdo con la CUP "es seguir ensanchando la base social a favor de la constitución de un nuevo estado catalán en forma de república". En relación al plan de choque social, ha explicado que incluye una cifra "cuantiosa pero asumible" que se elevaría a unos 270 millones de euros para, principalmente, dependencia, salud, pobreza y evitar desahucios. Romeva también ha señalado que se deja "en suspense" el BCN World y en el caso de Aigües Ter Llobregat se aboga por abrir un "debate de fondo".
