Junts cifra en 450.000 millones de euros la "deuda histórica" que el Estado tiene con Cataluña

Junts estima que el estado español le debe a Cataluña más de 450.000 millones de euros, una "deuda histórica", en sus propias palabras. Por esta razón, el partido de Carles Puigdemont ha pedido la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) - unos 71.000 millones de euros-, para reducir parcialmente esa deuda.

Además, los de Puigdemont han solicitados ser ellos los encargados de recaudar todos los impuestos y de gestionar las pensiones. En un comunicado, Junts ha explicado que pide el traspaso de estas competencias a la Agencia Tributaria de Cataluña para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos y prever una "cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español".

¿De dónde vienen los 450.000 millones?

La formación que lidera Carles Puigdemont ha calculado la "deuda histórica" del Estado con Cataluña teniendo en cuenta las siguientes cifras: 50.900 millones de euros en déficit de infraestructuras, 375.000 millones de euros en partidas sociales y 30.000 millones de euros en pensiones "en los últimos treinta años de infrafinanciación", según el comunicado.

Esta es su propuesta

Junts per Catalunya ha planteado que Cataluña disponga de un sistema propio de pensiones y ha propuesto crear la Agencia de una 'Seguridad Social Catalana', para la cual propone que el Estado transfiera a la Generalitat el importe acordado en concepto de "hucha de pensiones".

En cuanto a las infraestructuras, pide que el Estado "compense la transferencia de la liquidación de presupuestos en infraestructuras que no se han cumplido durante los mandatos del presidente Pedro Sánchez". Además, pide "fijar plazos para proceder al pago" de la disposición adicional tercera del Estatut para que Cataluña pueda ejecutar las infraestructuras pendientes, comenzando por el Corredor mediterráneo.

Por último, ha pedido que el Estado ceda el 19% de los fondos europeos 'Next Generation' con efectos retroactivos y "establecer el método de seguimiento y control de forma anual".

Feijóo insinúa que el testimonio de Aldama no es "una inventada" y Puente lo define como "lo peor que le ha pasado a la democracia"