Los detenidos e investigados por el caso Imelsa, una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y que afecta a exdirigentes del PP, declaran este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Esta juzgado ha abierto una causa por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, que supuso la detención de 24 personas, la imputación de otras 5 y el registro en 14 domicilios particulares y 19 sedes sociales, que afectan a la Generalitat, la Diputación de Valencia y varios ayuntamientos.
Según la investigación sobre la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, los integrantes de la trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones de la Comunidad Valenciana se servirían de sus puestos de responsabilidad en aquellas para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Entre las 24 personas detenidas hay nueve relacionadas directamente con la política -cargos o excargos del PP en distintas Administraciones de la Comunidad Valenciana-, doce empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP.
Entre ellos figuran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus; el exalcalde de Moncada Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la Diputación Máximo Caturla; el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado del PP David Serra; y la exconcejala del PP María José Alcón. Esta exconcejala fue la única persona de las detenidas que prestó declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
El juez acordó tras su declaración la libertad con fianza y el embargo de bienes como medida cautelar para la exconcejala, que quedó imputada en la causa abierta.
La declaración de Alcón, exasesora de Rita Barberá en la Alcaldía de Valencia y esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, comenzó sobre las 22.30 horas del martes y duró unos 90 minutos. La exconcejala abandonó el Juzgado tras su declaración junto a su letrado en el vehículo de éste sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.
