Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero, se enfrentan a una querella por parte de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU) por, en palabras de esta organización, su "gestión lamentable" en la pandemia del coronavirus.
En concreto, en la denuncia, la ADEPPU subraya "las deficiencias de servicios de Sanidad durante la crisis sanitaria ha provocado que la Comunidad de Madrid sea la primera comunidad en fallecimientos por infección del Covid-19".
En ese momento, han recordado que el Gobierno regional tenía competencias plenas para poder intervenir la Sanidad privada.
"La Sanidad privada en Madrid tiene un gran volumen que se ha montado a costa de la Sanidad pública y en ese momento de emergencia debía y podía haber derivado a los enfermos de las residencias a los hospitales privados optando por no hacerlo y dejarlos morir de mala manera solos sin sus familias, generando dolor. La Comunidad de Madrid con los recursos de la sanidad privada y los tres hospitales de campaña que las ONG con ayuda del Ejercito se presentaron a montarlos sí hubiera podido controlar y dar una oportunidad a los mayores de las residencias", argumenta.
La asociación critica que la Comunidad de Madrid fue "incapaz de dar prioridad absoluta a sacar de las residencias a los fallecidos, dejándoles con sus compañeros y extendiendo de esa manera la pandemia e incumpliendo el protocolo de fallecidos.
Según explica ADEPPU en la denuncia, hay un primer documento sobre dichos criterios de no derivación del 18 de marzo, que la Dirección General del Mayor decide no enviar porque no está de acuerdo con los criterios que se especifican.
"En la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) se envía el documento porque está firmado por Sanidad. Pero el geriatra del AMAS envía un email advirtiendo de que no está de acuerdo con esos criterios. En concreto, no comparte las referencias al índice Barthel. En documentos posteriores, se cambia el código Barthel por un criterio de escala de fragilidad. Pero ninguno de los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero", advierten.
Por todo ello, esta asociación sostiene que todos estos hechos pudieran ser constitutivo de los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación, delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio, por lo que espera que después de los trámites pertinentes "se abran diligencias previas para determinar los hechos delictivos y sus autores".
