Los abogados de los inmigrantes llegados en patera dicen ¡Basta!: "Tengo que pagar por ir a trabajar"

Cobran 52 euros brutos por cada migrante que asisten a su llegada en patera a las costas canarias. Es el precio que paga el Gobierno de Canarias a cada abogado de oficio que está inscrito en el turno de oficio que se dedica a las pateras. En esa tarifa hasta ahora se incluía la asistencia inicial, en primera instancia y cuando el trámite se prolonga, algo que ocurre en un 70 % de los casos, sumaban otros 200 euros para continuar con recursos de alzada en segunda instancia.

Pero, el ejecutivo canario ha lanzado un ultimátum a los abogados y a través de un requerimiento les ha comunicado que a partir de ahora cobrarán única y exclusivamente esos 52 euros por todo el proceso que aseguran se puede prolongar hasta dos años. “Con esta situación tenemos que hacer frente a un proceso por un precio de 1 euro a la semana”, asegura Teresa Hernández, una de las abogadas del turno de oficio de Tenerife.

Una situación que difiere mucho cuando se trata de migrantes llegados por otra vía. “Cuando en el turno de oficio tenemos que atender a un migrante irregular que llega por vía aeroportuaria el Gobierno nos paga más de 300 euros por cada uno de ellos, solo para los primeros trámites, es un agravio comparativo. El problema y la respuesta está en lo que llaman llegada masiva, pero esa no debería ser la solución porque las personas tienen los mismos derechos”.

Con esta situación, muchos abogados se plantean si seguir prestando sus servicios en el turno de oficio de pateras, ya que no solo no les pagan sino que les supone tener que dejar de lado otros asuntos que llegan a sus respectivos despachos. “Si no hay solución, muchos abogados, van a abandonar el turno de oficio”, aseguran.

La situación se complica cuando la patera llega a El Hierro porque los abogados tienen que trasladarse a la isla desde Tenerife y adelantar los gastos que este servicio supone. Karen ha cubierto “asistencia en pateras” en esa isla hasta en nueve ocasiones en lo que va de año, asegura que en cada viaje se gasta cerca de 200 euros. “Es un dinero que yo tengo que adelantar para poder trabajar. Entre avión, hotel, dietas y traslados se suman unos 200 euros por cada viaje, un dinero que todavía no he cobrado y que casi con seguridad no cobraré hasta septiembre”. Denuncia que lo que no puede ser es que sean los abogados los que soporten el peso de la justicia porque además no se están garantizando los derechos de los migrantes.

Una situación muy similar es la que describe José Antonio, en su despacho tiene ahora mismo unos 70 expedientes de migrantes correspondientes solo a este año. “El expediente en sí supone un trabajo que va desde la notificación de resolución de devolución hasta incluso recurso de casación. Esto se puede traducir hasta en dos años en los juzgados de Canarias”.

Asegura que tienen problemas por la falta de traductores para poder asistirles con garantías. “Somos los primeros en darles garantías como ciudadanos porque lo primero que hacemos, es darles un número de filiación que garantiza que tendrán derechos como migrantes” afirma.

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