Magdalena y José Luis, llevan más de tres décadas en su casa. Les fue adjudicada por la Junta de Andalucía en régimen de alquiler pagando menos de 30 euros al mes

Los papeles certifican que ella es propietaria de un piso y, por eso, no tiene derecho a una vivienda social. La historia comienza hace menos de 20 años. Uno de los hijos del matrimonio compró una casa en la Carlota, Córdoba. Al no tener contrato fijo el banco no le daba la hipoteca. Ella ofreció su nómina y firmó.

Ahora tienen un plazo de seis meses para abandonar su piso en el Campillo, en Huelva. Ellos han intentado por todos los medios, en el ayuntamiento, en el juzgado, quedarse aquí, rodeados de todos sus recuerdos. En los tribunales perdieron la batalla y no se rendirán.