Una juez ha reabierto la causa por la ocupación durante horas de las vías del AVE en la estación de Sants de Barcelona en la huelga general del 8 de noviembre de 2017, convocada en apoyo a los activistas y políticos independentistas presos, y ha citado como investigados a nueve de los identificados.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona estima el recurso planteado por la Fiscalía contra su decisión inicial, adoptada el pasado 21 de diciembre, de archivar la causa, y ordena varias diligencias para determinar si se produjeron delitos de desórdenes públicos y de coacciones.
La juez ha acordado citar como investigados a nueve de los huelguistas, que fueron identificados por los Mossos d'Esquadra cuando salían de los andenes tras ocupar, junto a otros centenares de activistas de los denominados 'Comités de Defensa de la República (CDR)', las vías 1 y 7 de la Estación de Sants, impidiendo la circulación de tres del AVE entre las 16.45 y las 22.30 horas.
La magistrada acepta reabrir la investigación, pese a que sostiene en su escrito que los concentrados, que participaban en la huelga general convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC para pedir la libertad de los políticos y activistas independentistas presos, no originaron desperfectos en las vías y "ni mucho menos" utilizaron "la violencia física", de lo que deduce que la ocupación de las vías fue "absolutamente pacífica".
En aquella jornada de huelga, respaldada como "paro de país" por partidos y organizaciones independentistas, los Comités de Defensa de la República (CDR) también cortaron las vías del AVE en Girona, ante lo que Renfe y Adif cuantificaron en 160.000 los pasajeros afectados en aquella jornada.
En su auto, la juez acuerda la práctica de diligencias de investigación necesarias para dilucidar si puede existir o no un delito de desórdenes públicos y otro de coacciones. En este sentido, apunta que no se puede "pasar por alto" que la afectación del tráfico ferroviario se produjo, según consta en el atestado policial, por la "mera presencia física" de personas en las vía férreas, respecto de trenes que "estaban totalmente parados y no estaban circulando", ya que "no consta que se colocaran obstáculos materiales" en las vías para impedir la circulación.
En su auto, que se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona, la juez mantiene el archivo de la causa para otro de los señalados en el informe de los Mossos d'Esquadra, ya que su caso no fue identificado en las vías férreas.
Además de citar a los nueve activistas, en una fecha todavía por determinar, la magistrada ha requerido al gestor de infraestructuras Adif para que informe sobre los trenes que resultaron afectados por la ocupación de las vías férreas en Sants, la cifra de viajeros afectados por los cortes y el perjuicio económico generado por esta protesta, ya que varios usuarios afectados reclamaron la devolución del importe de su billete.
La juez también pide a Adif que le remita las imágenes de las vías férreas ocupadas durante el corte y que varios medios de comunicación le faciliten las imágenes captadas durante aquella protesta. Tras la huelga, Renfe y Adif anunciaron que habían recopilado pruebas sobre los daños y afectaciones y que disponían de las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los huelguistas que invadieron las vías, la mayoría de ellos con el rostro descubierto.
Los cortes en las vías afectaron a 150.000 usuarios del servicio de Cercanías y a 10.000 del servicio de Alta Velocidad, que sufrió un corte durante todo el día en la estación de Girona y por la tarde en la de Sants de Barcelona, que tuvo que cerrar e interrumpir el paso de trenes.
