El Poder Judicial propone que los inquilinos afectados por el coronavirus pueden oponerse a los desahucios

EL Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado al Ministerio de Justicia la posibilidad de que los inquilinos de una vivienda puedan oponerse a las demandas de desahucio por falta de pago y puedan alegar fuerza mayor como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta es una de las trece propuestas que el CGPJ ha remitido a Justicia con el objetivo de que se estudié su inclusión en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la Administración de la Justicia en relación a la crisis del coronavirus.

Más propuestas

Además de esta proposición, el CGPJ también ha solicitado establecer un nuevo procedimiento para tramitar las demandas que tengan por objeto la modificación de contratos que se han visto afectados por las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria, que han hecho imposible cumplir adecuadamente lo pactado. Asimismo, desde el Consejo también han sugerido que los plazos procesales o administrativos que hayan quedado suspendidos se reanuden, por el tiempo restante, a partir del primer día en que el estado de alarma deje de estar vigente. Esta proposición tiene como objetivo establecer un marco normativo claro en cuanto a los plazos administrativos y judiciales para evitar la dispersión interpretativa y unificar criterios. Otra de las ideas que se han remitido a Justicia es la posibilidad de realizar procesos abreviados donde no se celebren vistas cuando sea posible y cuando los elementos probatorios sean documentales. También han solicitado declarar como urgentes los procedimientos relacionados con la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido por las personas que trabajen por cuenta ajena. Por último, el Consejo ha pedido la aprobación de una norma con rango de ley que establezca un régimen específico para la impugnación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) derivados de la COVID-19 que afecten a varios trabajadores.