Conde-Pumpido admite presiones por la Amnistía, pero asegura que el TC actúa con "impavidez"

En las XVIII Jornadas Jurídicas de Sarria en Lugo, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha hablado sobre la presión política que reciben los jueces en España tan solo unos días después de que el tribunal que preside avalara la ley de amnistía.

Durante su intervención, Conde-Pumpido no ha esquivado el tema de la presión sobre los magistrados, reconociendo que "siempre se reciben presiones" cuando se tramitan resoluciones. El presidente del Constitucional fue claro al afirmar que "ya nos quieren decir antes de que podamos deliberar lo que tenemos que hacer, pero nosotros lo llevamos con impavidez". Con estas palabras, subrayó que el tribunal asume con serenidad las tensiones externas que rodean a sus decisiones.

El magistrado ha explicado que estas presiones no suelen ser directas, sino que llegan a través de las opiniones políticas y mediáticas que intentan influir en el sentido de las resoluciones. "Alguna fórmula de expresar política o mediáticamente lo que se debería hacer", señaló, insistiendo en que el tribunal gestiona estas situaciones con "la mayor tranquilidad posible".

También ha defendido la independencia judicial y recordó que el trabajo del TC consiste en "controlar al poder legislativo, que representa al conjunto de la sociedad española", y que lo hacen resolviendo problemas políticos desde una perspectiva jurídica. "A veces no se comprende bien que nosotros solamente podemos actuar en función de los límites que establece la propia Constitución, que no podemos entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden", explicó.

Frente a ello, ha reivindicado el papel del Tribunal Constitucional como árbitro jurídico que actúa dentro de los límites estrictos marcados por la Carta Magna: "Nuestro trabajo es resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. No podemos entrar en valoraciones que no nos corresponden".

Ya lo denunció hace varios meses

El pasado mes de abril, el magistrado ya denunció que el Constitucional se enfrentaba a "fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole". Además, asociaciones judiciales como Juezas y Jueces para la Democracia alertaron sobre una "campaña de presiones" dirigida contra el tribunal y su presidente, advirtiendo del uso del derecho penal como herramienta de presión política.

Sin embargo en febrero, y tras la demanda del Partido Popular por como actuó el TC al avalar la reforma del Gobierno, también reiteró que el Estado de Derecho exige que los magistrados puedan ejercer sus funciones "sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, sea político, económico o mediático, esté en el gobierno o en la oposición y sea tanto público como privado".

CE, independencia judicial o modernizar la justicia

Preguntado sobre el estado actual de la Constitución Española, Conde-Pumpido defendió su vigencia y solidez: "Tiene mucha vida por delante", dijo. Destacó que ha permitido consolidar "una democracia y un período de paz inéditos en la historia de España", superando crisis como el 23-F, el terrorismo de ETA o el intento de secesión en Cataluña. No obstante, advirtió de que el consenso que dio origen a la Constitución en 1978 sería "muy difícil de lograr hoy", por lo que consideró más prudente conservar el texto actual que abrir un proceso de reforma que podría polarizar a la sociedad.

El presidente del Constitucional aprovechó su intervención para realizar una firme defensa de la independencia judicial, que calificó como "un valor esencial en cualquier Estado de derecho". En este sentido, aseguró que todos los jueces y magistrados actúan sometidos únicamente al imperio de la ley, y respaldó el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de esa independencia. "A mi entender, el Consejo es un buen actor para defender esa independencia, ahora renovado y presidido por una mujer por primera vez", remarcó.

Además, también ha hecho un llamamiento a todos los poderes e instituciones del Estado a respetar el sistema judicial y su independencia. Defendió la necesidad de modernizar la justicia y hacerla más accesible, siempre desde la independencia judicial, y agradeció la calidad de las jornadas jurídicas celebradas en Sarria, destacando la importancia de estos espacios de debate para fortalecer la democracia

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