Telefónica considera "ilegal" la denominada acción de oro utilizada por el Gobierno luso para vetar su propuesta para hacerse con la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo al "vulnerar" el derecho portugués y el derecho comunitario.
En una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía presidida por César Alierta considera que el veto del Gobierno portugués vulnera, además y de manera especial, el artículo 56 del Tratado de la Comisión Europea.
Este artículo recoge la prohibición de "todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países" y "cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países".
Telefónica recordó asimismo que el Consejo de Administración de Portugal Telecom ha manifestado también en la junta de accionistas celebrada la "improcedencia" de la utilización de la acción de oro por parte del Ejecutivo luso.
Por otra parte, la compañía de César Alierta acordó, además, ampliar el plazo otorgado a Portugal Telecom para que comunique su aceptación de la oferta hasta las 23.59 horas (horario portugués) del próximo día 16 de julio en los términos recogidos en el último párrafo de la carta remitida al operador portugués en el día de ayer.
VETO DE PORTUGAL
El Gobierno portugués vetó la propuesta de Telefónica mediante el uso de la acción de oro, un derecho que le permitiría impedir determinado tipo de operaciones de carácter estratégico, aunque una amplía mayoría de los accionistas de PT han dado el visto bueno a la oferta del grupo español, frente al 26% de los accionistas que han votado en contra.
No obstante, es muy posible que el Tribunal Europeo de Justicia elimine el próximo 8 de julio este privilegio que ostenta actualmente el Gobierno portugués al considerar que se trata de un derecho ilegal. En este sentido, un abogado del Tribunal Europeo consideró en diciembre de 2009, que la "acción de oro" era contraria al derecho comunitario.
De hecho, la Comisión Europea considera "incompatible con la legislación comunitaria" esta 'acción de oro', un instrumento que en su opinión supone "una restricción injustificada" a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento, dado que dificulta tanto la inversión directa como a la cartera de inversores.
