El 43% de los ciudadanos justifica, de una forma y otra, el fraude a Hacienda aludiendo a las circunstancias, que obligan a salir adelante (34%), y a que lo normal es evadir impuestos (9%) según el barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) que recoge el Ministerio de Economía y Hacienda.
El informe concluye también que el 47% de los españoles, entre los que se incluyen la mitad de los parados, cree que los empresarios defraudan sistemáticamente a Hacienda, pero, además, hasta un 35% de éstos opina que su colectivo defrauda más que el resto.
El barómetro se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socioeconómica.
Así, si la mitad de los encuestados considera que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles, los colectivos que están en el punto de mira de la opinión pública son, en primer lugar, los empresarios, seguidos de los profesionales liberales y los trabajadores autónomos, cuyas actividades, al estar sometidas a un menor control por parte de la Administración, ofrecen mayores oportunidades para la evasión.
Por el contrario, el informe apunta que los asalariados son los más honestos porque, al estar controlada la parte más importante de sus ingresos mediante el sistema de retenciones salariales, tienen menos oportunidades para ocultar las rentas que deben declarar. En cualquier caso, el hecho de que la mitad de los españoles considere en plena crisis que el fraude es generalizado supone un salto cuantitativo, por cuanto se trata de el nivel de desconfianza más alto desde 2003.
Los empresarios (50%) y los profesionales (48%) son quienes se muestran más proclives a justificar el fraude, frente a los asalariados y los agricultores, que lo justifican en menor proporción, ambos en el 40% de los casos.
Además, el 50% de los contribuyentes estima que la principal causa del fraude en España es la impunidad de la que goza el que lo comete, por delante de la falta de honradez y de conciencia cívica (38%), lo excesivo de los actuales impuestos (35%), la falta de eficacia en la lucha contra el fraude (25%) y la necesidad de trampear para salir adelante (23%).
Por el contrario, el 57% de los españoles estima que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso, ya que es una cuestión de solidaridad y principios. En este sentido, los españoles identifican el mantenimiento de actividades económicas ocultas a Hacienda y la Seguridad Social como el tipo de fraude más perjudicial para la sociedad en su conjunto.
El barómetro refleja también que, con alguna excepción, desde el inicio de la serie, las manifestaciones de rechazo del fraude fiscal alcanzan proporciones en torno a los dos tercios de la población.
Pero a partir de 2003, y a excepción de 2008, dichas proporciones descienden hasta llegar a aproximarse inquietantemente a levemente la mitad de la población.
Por otro lado, los ciudadanos que perciben una evolución positiva en el pago de los impuestos atribuyen esta mejora a dos factores esenciales, las retenciones aplicadas sobre los salarios (93%) y el mayor control que la Inspección de Hacienda mantiene sobre los contribuyentes (88%).
En otro orden de cosas, en cuanto a la relación entre la oferta pública de servicios y prestaciones y los impuestos, el acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es uno de los aspectos mejor valorados por los ciudadanos, que, sin embargo, mantienen la percepción mayoritaria (73%) de que existe margen de mejora en la prestación de los mismos.
Asimismo, en relación a una posible participación de la iniciativa privada en la gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, la mayoría de los españoles se muestra en contra. Una proporción superior a la mitad de la población encuestada opina que la iniciativa privada no debería participar ni en la gestión (57%) ni en la financiación (55%9 de los servicios públicos.
Otros de los resultados del estudio se refieren a la imagen corporativa de la Hacienda Pública y señalan el 68% de los ciudadanos conoce los servicios de la Agencia Tributaria, pero sólo un 38% los utiliza. Además, concreta que sólo el 14% de los contribuyentes cumplimentan por sí mismos sus declaraciones tributarias, mientras que el 42% recurren a una asesoría, el 23% a los servicios de la Agencia Tributaria y otro 14% a familiares, amigos o compañeros de trabajo.
