El consumo de pan en los hogares españoles registró en 2018 una nueva caída, del 2 % en volumen y del 2,2 % en valor respecto a 2017, una tendencia a la baja a la que el sector espera hacer frente con la norma de calidad sobre este producto que prepara el Gobierno. Con la nueva normativa, se permite que a partir de ahora se aplique un IVA reducido a muchos más productos que se consideran de consumo habitual en los hogares, como son los panes integrales, los panes de otros cereales distintos al trigo y los panes elaborados con salvado. Gracias a la ampliación de la definición de "pan común", se van a beneficiar del tipo de IVA reducido (4%) más tipos de panes que tenían actualmente un tipo del 10%.
NOVEDADES DE LA NUEVA NORMATIVA
- Requisitos más estrictos para considerar un pan integral. Se exige que el 100% de la harina empleada sea integral. Para aquellos panes integrales o de otros cereales que no estén elaborados de forma exclusiva con ese tipo de harinas, se tendrá que indicar el porcentaje de harina en el etiquetado.
- Requisitos para el pan de otros cereales. Por ejemplo, para el pan de centeno tiene que ser elaborado solo con ese tipo de harina. También se define el pan multicereal.
- Se concreta la definición de masa madre. Se preserva a un tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales, y se establecen los requisitos para utilizar la denominación "elaborado con masa madre"
- Se define la elaboración artesana del pan. Debe primar el factor humano frente al mecánico y los requisitos que se deben cumplir para poder incluir esta mención en el etiquetado de los productos.
- Nueva definición de pan común. Incluye panes elaborados con otro tipo de harinas distintas a la del trigo, permitiendo así el uso de harinas integrales, de otros cereales, pero además, incluirá productos más beneficiosos para la salud, y muy demandados por el consumidor moderno, como son productos con salvado.
- Se limita la cantidad de sal. Se pone limites en la cantidad que se pueden emplear para elaborar el pan común.
La nueva norma mejora la competitividad del sector español del pan, garantiza la leal competencia entre industrias estableciendo las mismas condiciones a todos los productos, y facilita la innovación atendiendo las nuevas necesidades de los consumidores. Esta norma sienta un precedente legal en las normas de calidad de los alimentos, al introducir una fiscalidad positiva, y que garantiza que los ciudadanos adquieran productos de calidad perfectamente caracterizados y etiquetados.
