El Ayuntamiento de Madrid prohíbe la celebración del concierto de Soziedad Alkohólika en el Palacio de Vistalegre

El informe recoge que la Ley de Espectáculos prohíbe actividades que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.

El expediente recalca que las letras de las canciones de este grupo ya fueron objeto de análisis por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal recogía en una de sus sentencias que sus canciones estaban cargadas de "opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunadas".

Añadía que estás eran "especialmente rechazables en el momento y la ocasión, tanto en el año en que la canción se grabó 1993, como en la actualidad, sobre la actuación de determinados miembros las fuerzas de seguridad en prevención de atentados contra sus personas".

De este modo, el Coordinador General de Emergencias, Jesús Guereta López, ordena la prohibición de la celebración del citado concierto por apreciarse que el desarrollo del mismo se prevé que pueda producir alteraciones del orden público con peligro de personas y bienes.

Además, informa de que en caso de incumplimiento la autoridad competente estará habilitada para suspender de manera inmediata la celebración del espectáculo. Así, se advierte al interesado de la responsabilidad penal por delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, en que puede incurrir en caso de incumplimiento.

Tras conocer la decisión, el grupo ha colgado un comunicado en su página web en el que lamentan la decisión, manifestando que sabían que  "sectores de la extrema derecha temerosos de la diversidad cultural y la libertad ideológica estaban presionando para provocar la cancelación de nuestro concierto".

"Han pasado 13 años desde que nos acusaron y comenzaron a perseguirnos sin cuartel. El mismo tiempo desde que nos pronunciamos claramente contra cualquier tipo de violencia para resolver ningún conflicto. Han pasado ya 9 años desde que fuimos juzgados y absueltos de supuestos delitos de humillación a las víctimas, pero para el gobierno de Madrid es fundamental impedirnos ejercer nuestros derechos", denuncia el grupo.