"No nos negamos en el futuro. Este no es el momento. En España no es el momento", indicó el ministro en declaraciones a la prensa en referencia a la propuesta de la Comisión Europea de alargar el permiso de maternidad de 14 a 18 semanas. Gómez aseguró que España "sí se lo plantea", pero no pierde de vista que una ampliación de cuatro semanas costaría 1.000 millones de euros, algo impensable en tiempo de crisis.
"España no se opone cuando las circunstancias sean las adecuadas", añadió. El ministro también se refirió a la petición del Parlamento Europeo de ir aún más allá de la propuesta de la CE al reclamar una baja de maternidad de 20 semanas, más dos de paternidad, totalmente remuneradas y aseguró que podría considerarse, pero que la prestación del 100% debería estar vinculada a la base de cotización, como ocurre en España.
Las declaraciones del ministro matizan las de esta misma mañana, en las que aseguraba que aceptar la propuesta de Bruselas no supondría un gran cambio para España que ya prevé 18 semanas (16 de maternidad y dos de paternidad). En el propio debate que Gómez mantuvo con sus colegas europeos el ministro consideró que la propuesta de la CE "responde al deseo de los estados miembros de proteger la maternidad" y la consideró "viable y posible", aunque defendió "introducir elementos de flexibilidad para no obligar a modificar los modelos nacionales".
Para España lo más importante, además de la flexibilidad, es que se tenga en cuenta la corresponsabilidad del padre para que las perspectivas laborales de las mujeres tras el periodo de maternidad no resulten perjudicadas. Países como Alemania, Francia y Reino Unido manifestaron hoy de manera mucho más contundente que España su oposición a alargar la baja por maternidad y consideraron demasiado ambiciosas las reclamaciones de la Eurocámara.
Otros como Italia, aunque no se opusieron a las 20 semanas, sí descartaron una remuneración total durante el tiempo de baja. La discusión de este lunes es la primera que se celebra sobre la cuestión tras el voto del PE, que en este caso colegisla con los países comunitarios, representados en el Consejo. Los Veintisiete volverán a analizar la directiva en sucesivas reuniones para intentar llegar a un acuerdo y acercar posiciones con la Eurocámara.
