El Consejo de Ministros ha puesto sobre la mesa dos leyes en materia económica, la primera guarda relación con un plan de ayudas a la adquisición de vehículos comerciales, denominado PIMA Aire, propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dotado con un presupuesto de 38 millones de euros. La segunda pasa por dar luz verde al proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El plan está orientado a un mercado potencial de entre 35.000 y 50.000 vehículos, ya que según palabras de la vicepresidenta "tenemos un parque móvil viejo". La puesta en marcha del PIMA tendrá un impacto según ha informado el ministro Arias Cañete de 140 millones de euros sobre la economía española.
El plan consiste en un incentivo de 2.000 euros para la compra de vehículos de hasta 2.500 kilos (mil aportados por Medio Ambiente y otros mil por las marcas) y de 4.000 euros para los de más de 2.500 kilos (2.000 del Ministerio y 2.000 de las marcas), a cambio de entregar para el achatarramiento vehículos de hasta 3.500 kilos con una antigüedad mínima de siete años.
Este viernes también se ha aprobado el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
Dicha norma, que contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, recoge algunas mejoras respecto al anteproyecto, entre las que figuran la creación de la Agencia de información y control alimentarios o la introducción como infracción grave del incumplimiento de los plazos de pago de alimentos.
Otras mejoras que recoge el proyecto son la introdución de mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado.
