El Gobierno ha abierto la puerta a cerrar líneas de tren o servicios ferroviarios que no se consideren de interés general por razones económicas, sociales o medioambientales y que, por ello, no logren ser declaradas de interés público, o que presenten una "demanda insuficiente".
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fijan los criterios que deberá reunir una línea ferroviaria o un servicio de transporte en tren para obtener consideración de interés público.
En virtud del acuerdo, Renfe prestará durante un periodo inicial de tres años estos servicios a cambio de recibir la correspondiente compensación económica. Para ello, suscribirá un contrato de prestación de servicio público.
En cuanto al resto de servicios no declarados de interés público, la operadora pública deberá explotarlos en condiciones de mercado, es decir, con tarifas comerciales. En caso de que "no resultaran viables por insuficiencia de demanda, Fomento presentaría un plan de reorganización que garantice la conexión territorial mediante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos", según indicó el Ministerio en un comunicado.
Fomento debe presentar al Consejo de Ministros antes del próximo 30 de noviembre la relación de servicios de transporte de viajeros en tren, así como los tramos y frecuencias, que finalmente se garantizarán por interés público.
