La familia fue condenada a pagar 400.000 euros por los costes judiciales de los procesos en los que habían participado desde que denunciaron a la clínica que operó a Antonio. Juana, su marido y su hijo decidieron protestar instalándose en una caseta frente al Ministerio de Justicia, en Madrid. Allí vivieron durante más de año y medio, hasta que hace un mes el Tribunal Supremo reabrió su caso y desestimó la condena. Ahora sólo queda negociar con las aseguradoras una cantidad que permita a la familia cubrir las necesidades de atención médica que Antonio necesita.

Luis Bertelli, el letrado que había acompañado a los Meño en estos últimos procesos, anunció al inicio del mes de diciembre que abandonaba el caso porque ya había cumplido con su misión de hacer justicia. Ataúlfo López-Mingo iba a ser, en principio, el encargado de suceder a Bertelli, pero no fue así. Juana recibió un correo notificándole que López-Mingo tampoco se haría cargo de su situación. "Porque somos muy mediáticos, me ha dicho", explica Juana sorprendida.