El Senado aprueba la privatización de los canales de la Forta

El Pleno del Senado ha aprobado una enmienda, acordada por todos los grupos, a la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas, para reincorporar al texto de la ley la prohibición expresa de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita que se había retirado en el Congreso. Al haber introducido este cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

La enmienda, presentada a propuesta del PSOE y acordada por todos los grupos, vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que "está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".

LOS GOBIERNOS DECIDIRÁN SOBRE EL FUTURO DE LAS TV AUTONÓMICAS
La reforma, que fue enviada por el Gobierno por el trámite de urgencia, ha sido aprobada por el Pleno del Senado con 157 votos a favor del PP y UPN, 86 votos en contra del resto de grupos y la abstención de 5 senadores. Asimismo, el PP ha hecho valer su mayoría para rechazar los tres vetos y 87 enmiendas que quedaban vivas del resto de grupos.

La Ley, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.