Sentencia pionera
Sanidad de Castilla y León, condenada por la muerte de una mujer que se contagió de covid en un hospital
La gerencia de Salud de Castilla y León tendrá que pagar casi 85.000 euros a la familia de la paciente de 75 años.
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Sentencia pionera en España. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha sido condenada por la muerte de una mujer que se contagió de covid en el Hospital Río Carrión de Palencia porque fue ingresada en la misma habitación de una paciente que tenía coronavirus.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha determinado que la gerencia de Salud de Castilla y León deberá pagar 84.606,03 euros a la familia de la paciente, que tenía 75 años e ingresó sin covid. La sentencia censura la falta de "sentido común" por parte de las autoridades sanitarias al ubicar a la paciente (que padecía celulitis con bacteriemia) en una habitación con una infectada.
El hospital habría tomado esa decisión tras un falso positivo no confirmado, pese a disponer de suficientes camas aisladas para tratar a la fallecida. La normativa dictaba que "cualquier positivo o no interpretable debe ser confirmado con una nueva muestra". Pero no se hizo y fue derivada a una 'zona covid', donde horas después otra PCR negó el supuesto contagio.
La mujer quedó "en aislamiento dado el contacto estrecho con paciente positivo" y a los pocos días otra prueba ratificó que esta vez sí padecía covid. A partir de entonces, su salud empeoró hasta que el 9 de octubre de 2020, un mes después de su ingreso, falleció.
Indemnización de casi 85.000 euros
El pronunciamiento judicial sobre el que cabe recurso explica que los dos hijos de la afectada cobrarán 26.760,11 y 57.845,92 euros, esta última cantidad, más cuantiosa, será la que recibirá el hijo que convivía con ella, que fue el mismo que denunció el "grave error de no aislarla cuando era una paciente que no era positiva y dejarla ingresada durante más de 18 horas con una paciente positiva confirmada".
Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, responsables de los hechos, alegaron que no se podía certificar el contagio en instalaciones hospitalarias y que, en caso afirmativo, el trato fue "adecuado" y según los protocolos vigentes.
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La difunta padecía varias patologías sensibles a la infección de coronavirus: hipertensión, diabetes, secuelas de un ictus, portaba un marcapasos desde 2011, tenía problemas motrices y había recibido quimioterapia y una mastectomía por un cáncer de mama.
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