El Defensor del Pueblo investiga el asesinato de las dos niñas a manos de su padre en Castellón

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio por el asesinato de dos niñas en Castellón presuntamente a manos de su padre. Fernández Marugán se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado solicitando información sobre la existencia de denuncia previa por violencia de género en el ámbito familiar y preguntando si se había adoptado por el órgano judicial competente de las menores, informa el organismo a través de un comunicado.

Además, ha pedido conocer si existía una valoración del riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en caso de elaboración, a quien se había comunicado la estimación del nivel de riesgo.La institución recuerda que "lleva años mostrando su grave preocupación por las hijas e hijos de las víctimas de violencia de género". Para el Defensor del Pueblo, "es imprescindible y de vital importancia" visibilizar la situación de estos menores que también son víctimas de la violencia machista.

En este punto, Fernández Marugán ha vuelto a reiterar que "un maltratador nunca puede ser un buen padre". En su opinión, para acabar con la lacra de la violencia machista hay que "remover la conciencia de la sociedad en su conjunto y sensibilizar a las distintas administraciones implicadas para que se trabajen siempre con los dos enfoques: género e infancia".

El Defensor considera que es necesario otorgar protección rápida y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.

"La protección ha de ser integral, tenemos que ser capaces de detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer, sin olvidar que es madre", ha destacado. En 2014 la Institución recomendó favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijas e hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas.