El Gobierno admite que no ha acogido a los menores porque no los ha evaluado "individualmente" como le exigían

El Gobierno explica en el Tribunal Supremo qué medidas ha tomado con los menores extranjeros no acompañados 'hacinados' en las Islas Canarias que habían pedido asilo en las islas, al considerar que la Administración del Estado no ha cumplido con la orden judicial para que se hiciera cargo de ellos ante la "situación de hacinamiento" en la que se encuentran.

El Supremo impuso al Gobierno que garantizase en un plazo de 10 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores. Y solicitó a la Administración del Estado que informara sobre el cumplimiento de la medida cautelar: detallar los menores que han sido ya evaluados y los que estén pendientes de evaluación.

La Administración del Estado ha informado sobre las "unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones". Ha explicado que no tiene protocolo pero que está trabajando en uno. También que no ha evaluado individualmente a ninguno de los menores migrantes que tiene la obligación de acoger porque, según explican desde el Ejecutivo, Canarias no ha emitido la documentación necesario para iniciar ese proceso. Sin embargo, el Gobierno autonómico defiende que esa documentación ya debería estar en manos del Estado porque ya ha sido facilitada a la Policía Nacional en el proceso de solicitud de protección internacional.

En ese sentid, el abogado del Estado reconoce que no se ha realizado ninguna medida de acogida de los mil menores migrantes no acompañados porque para llevarlas a cabo antes es preciso identificar a los jóvenes correctamente.

Así lo ha señalado la Abogacía del Estado en la vista celebrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal en la que debía explicar qué medidas había llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar, adoptada a petición del Gobierno de Canarias el pasado 25 de marzo.

La letrada del Gobierno de Canarias denuncia que, en la vista celebrada hoy, queda claro que no ha cambiado "nada" desde que se acordó la orden y lamenta que los menores siguen sin ser atendidos ni trasladados del archipiélago canario. También ha arremetido contra el borrador de un protocolo que "unilateralmente" presentó el Gobierno apenas 24 horas y que se remite a crear un grupo de trabajo para aprobar un calendario de actuación no antes del 30 de septiembre.

"¿Ustedes, entonces, de los menores se desentienden totalmente?", preguntaba el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, a altos cargos del Gobierno ante los tecnicismos de algunas de sus respuestas.

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