La juez Mercedes Alaya ha admitido "errores de cómputo o aritméticos" en las fianzas civiles que impuso a 23 imputados en el caso de los ERE, que sumaban más de 40 millones de euros y a algunos de ellos se las baja o se las incrementa levemente.
Alaya afirma que en su auto de 22 de septiembre de 2014 sobre esos 23 imputados "se ha advertido, por la extensión del mismo y sobre todo por su complejidad, la existencia de algún concepto oscuro sobre el que las partes solicitan aclaración y algunos errores de cómputo o aritméticos" que subsana.
Según el nuevo auto la juez rebaja levemente las fianzas civiles por el recurso presentado por cinco de los imputados, entre ellos el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que fue acusado por Alaya por su participación en los convenios aprobados en el consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
Alaya explica que impone fianzas civiles de 20.000 euros por convenio votado, 10.000 euros por convenio informado o 7.000 euros por convenio votado por delegación. "La base de dichos criterios no es más que la aplicación del principio de proporcionalidad entre el número de miembros del Consejo Rector y la importancia cuantitativa de los convenios informados o autorizados, así como la relación proporcional con las fianzas ya fijadas (en virtud de determinados porcentajes) a los diferentes cargos directivos de IFA/IDEA", señala la juez.
La única fianza que mantiene Alaya es la de 3.466.666,67 euros que impuso al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, mientras que la de Medel pasa de 482.790 a 465.333,33 euros. Entre algunas de las fianzas que cambia, se incluye la del exconsejero de Innovación Martín Soler, que pasa de 4.070.633,08 a 4.088.835,17 euros; y la del expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, al que se la baja de 2.553.600 a 2.500.000 euros.
