En un auto dictado hoy en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el magistrado Carlos Nieto designa administradores concursales a Legal y Económico Administradores Concursales a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) "por causa de interés público" ante "la alarma social" y el "importante perjuicio" causado a los clientes de la entidad y a sus trabajadores.
Dicho auto llega después de que el pasado viernes el FROB le informase de que no iba a rescatar a Banco Madrid, con lo que la entidad se veía abocada a la liquidación por la vía concursal y sus clientes a recibir un máximo de 100.000 euros por cuenta, lo que no quiere decir que no puedan recuperar una cantidad mayor finalizado el proceso.
La apertura de la liquidación, explica el juez, "supondrá el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones". Además, el magistrado emplaza a los acreedores del concursado a informar de la existencia de sus créditos en el plazo de un mes desde la publicación de su resolución en el BOE.
Los administradores provisionales que designó el supervisor tras la espantada del Consejo de Banco Madrid presentaron la solicitud de consurso el pasado día 16 por hallarse en situación de "insolvencia inminente".
Precisamente, la insolvencia alegada reviste "especial trascendencia" dado el "elevado número de clientes que se verán afectados", la petición de liquidación realizada por la propia entidad y las consecuencias de "extrema gravedad que todo ello puede suponer para el erario público" y, particularmente, a sus clientes y trabajadores.
"Es lícito preguntarse de entrada si una entidad que hubiera superado todos los controles y supervisiones", aprecia el juez, "puede considerarse susceptible de hallarse en situación de insolvencia inminente", y "la respuesta es obviamente afirmativa". Y ello porque, recuerda, Banco Madrid se ha visto expuesto "a una situación excepcional, ajena a los controles ordinarios de las autoridades supervisoras sobre su liquidez y solvencia", provocada en primer lugar por la acusación de Estados Unidos a su matriz, Banca Privada d'Andorra, de blanqueo de capitales para el crimen organizado.
Ello causó la intervención de la filial por parte del Banco de España y la dimisión en bloque del Consejo del banco, que llevó al supervisor a designar a unos administradores provisionales.
Todo ello, junto a la apertura de un expediente por parte del servicio de inteligencia financiera española dependiente del Ministerio de Economía, el Sepblac, y "el posible inicio de actuaciones" por parte de Anticorrupción, "precipitaron una situación de pánico y desconfianza" de los clientes de la entidad, que causó una fuga de depósitos. Una fuga que habría hecho "inevitable" que la entidad, de haber proseguido operando, se viese ante la imposibilidad de continuar cumpliendo regularmente con sus obligaciones exigibles por falta de liquidez, y en particular a las peticiones de retirada de depósitos que se habrían seguido produciendo, concluye.
