El estudio muestra que la crisis ha elevado un 20 % las personas en riesgo de exclusión utilizadas por el juego ilegal en los últimos dos años, hasta sumar unos 4.000 vendedores no autorizados. De este modo, unos 100.000 consumidores compran y se enfrentan cada día a una situación de "total indefensión" ante los juegos fraudulentos.
El documento se basa en los datos obtenidos en toda España, sobre el número de vendedores de los distintos juegos ilegales, el número y precio de los productos, su imagen y sus ventas aproximadas. La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes en cada caso, que son la Administración general del Estado respecto a juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas respecto a los que se desarrollan en su territorio.
En el ámbito estatal, la ley establece que sólo la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la ONCE y otras entidades que cumplen fines de interés general, como la Cruz Roja, tienen capacidad para realizar esta actividad. La situación económica de los últimos años, el aumento del desempleo y las situaciones de dificultad de muchas familias han provocado un incremento del número de personas que son explotadas por estas redes ilegales de juego.
La mayoría de estas personas está en riesgo de exclusión social, sufre discapacidad -de las que se utiliza una imagen "lastimera y debeneficencia"- y también situaciones extremas, como inmigrantes sin documentación, entre otros problemas. La crisis ha disparado un 20 % el número de personas que padecen esta explotación, que han pasado de 3.099 detectadas en los inicios de 2012 a un total de 3.726 a finales de 2013.
El número de organizaciones que realizan estas prácticas se mantiene (23 repartidas por toda España) y sus ingresos estimados han aumentado un 21 % en ese mismo periodo, para saltar desde los 69,01 millones de euros anuales a principios de 2012 a 83,9 a finales de 2013. Con estos datos, la inseguridad jurídica a la que son sometidos cada día más de 100.000 consumidores, la inmensa mayoría desconocedores de que adquieren un producto ilegal, es absoluta, ante "la pasividad de las autoridades competentes".
"La mayoría de estas organizaciones de actividad de venta de juego ilegal desarrollan su actividad con personas en grave riesgo de exclusión, utilizando métodos ligados a la mendicidad, sin apenas ningún tipo de traba o cortapisa, poniendo a la venta boletos queson una réplica casi exacta en formato, tamaño, grafía, etc..", recalca el análisis. Son muy numerosas las ocasiones en las que compradores de estas organizaciones acuden a los vendedores de operadores legales, básicamente de la ONCE, a comprobar sus boletos e incluso a tratar de cobrarlos, al considerar que han comprado una lotería legal y reconocida, cuando esto no es así.
Se estima que los diversos juegos ilegales a través de redes minoristas tenían una recaudación total a finales de 2012 de69.053.270 euros anuales en todo el territorio español, ligeramentepor encima de los 67 millones recaudados en 2010, pero muy por debajo de los 83.969.834 estimados con los que se cerró larecaudación anual en 2013. La cifra de vendedores que realizaban esta actividad ilegal crece de los 2.916 detectados en 2010 a los 3.099 de inicios de 2012, y se acerca a los 4.000 a finales de 2013.
