La iniciativa legislativa popular que ha desarrollado el decreto-ley sobre la función social de la vivienda se ha creado "para frenar la sangría e injusticia social", tal y como asegura la Consejera de Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, quien ha recordado que "el tribunal de Luxemburgo declaró ilegales los desahucios de este país".

La nueva medida ha levantado críticas entre algunos colectivos que consideran que este decreto atenta contra la propiedad privada y va a generar inseguridad jurídica. Cortés subraya que la función social de la propiedad se apoya en la Constituón y las garantías jurídicas son plenas, "el Gobierno andaluz está defenciendo el interés general", subraya la consejera."Queremos que la ciudadanía tenga acceso a la vivienda, proteger la salud física e integridad de las personas que se ven envueltas en los procesos de desahucios",matiza.

Esta reforma legislativa se aprueba con el propósito de estar en vigor los próximos tres años para ayudar a aquellas familias que están en un proceso de desahucio y están desprotegidas. Aunque según Cortés tiene vocación de permenencia. "En Andalucía y el conjunto de España se han construído millones de viviendas en los últimos diez años que no ha permitido el derecho humano a la vivienda, cuando lo razonable es que lo hagan", ha apuntado la consejera de IU en Espejo Público.

Cortés apuesta por alquileres asequibles, ya que "si han bajado los pisos es lógico que baje el precio del alquiler". Además, asegura que en la Consejería no echan a nadie de su casa. "Abrimos los expedientes a los que nos obliga la Ley", recoge la titular de Vivienda andaluza. Aún no se ha sentado para debatir esta iniciativa con entidades financieras ni inmobiliarias. Cortés asegura que su Consejería propone un elemento contra los desahucios "mientras el Gobierno central mira para otro lado".