Estas cifras las ha dado Gómez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hoy ha aprobado un real decreto por el que a partir del 1 de noviembre las empresas, fundaciones u organismos públicos estarán obligados a cotizar por sus becarios remunerados, salvo los acogidos al estatuto del becario de investigación, para que les cuente para la pensión.
Además, la norma establece la posibilidad de que los becarios que hayan realizado estas prácticas formativas antes de la entrada en vigor del real decreto puedan firmar un convenio especial con la Seguridad Social para que, con un máximo de dos años, puedan "rescatar" esa actividad de cara a sus pensiones. Según el ministro, el hecho de que las empresas coticen por los becarios va a beneficiar a partir del 1 de noviembre a 30.000 personas.
Las empresas o instituciones deberán cotizar por cada uno de ellos unos 42 euros, mientras que a cargo del becario irán 6 euros. En el caso de las personas que quieran rescatar sus becas, Gómez ha indicado que los beneficiarios serán como mínimo unas 100.000, pero que pueden llegar a 200.000 El coste para ellas de firmar ese convenio especial con la Seguridad Social les supondrá unos 150 euros por cada mes que quieran que se tenga en cuenta en el cómputo de las pensiones, ha detallado Gómez.