Hoy, 10 meses después, Isabel acaba de ser indultada y malvive con su hija Samira en Santa Cruz de la Sierra a la espera de poder reunir los euros necesarios para pagarse el viaje de vuelta a España.

Isabel ha estado en Palmasola, la cárcel del miedo, el hacinamiento, la extorsión y la violencia le ha dejado huella. Y eso que a Isabel Gabarre se le alivió un poco la pesadumbre hace una semana, el 9 de agosto, cuando cruzó las puertas de la prisión con un bebé en los brazos y un indulto en la maleta. Había pasado un año y dos meses en la cárcel, un milagro para los ocho años de condena que le habían caído por lo de siempre, una valija de droga a cambio de algo de dinero para sobrevivir.

"Mi marido y yo estamos en el paro y no cobramos nada, tenemos otro niño de dos años y no lo pensé. Me vine a Bolivia porque aquí había unos amigos que me podían ayudar, la cosa se lió y me equivoqué. Reconozco que fue culpa mía. Jamás lo volveré a hacer, no quiero saber nada de la droga, sólo quiero volver y disfrutar de mi esposo y de mis hijos".

Aquel 12 de mayo de 2013 Isabel estaba embarazada de cuatro meses y medio cuando entró en el aeropuerto de Vuru Vuru cargada con una tripa legal y un equipaje de delito por venir. Los policías de control registraron sus cosas y la detuvieron allí mismo.

La española pasó 10 días en una estancia de detención provisional y el 21 de mayo entró en la cárcel de Palmasola, donde no hay celdas pero se paga por la comida, por el suelo, por salvar el pellejo y por el aire. «Se paga hasta por parir. Hay que pagar a los escoltas para que te lleven al hospital», dice Isabel.

"Mi vida en Palmasola ha sido muy mala. Nadie sabe lo que pasa allí. La policía es muy racista con los españoles. Si no tienes dinero no vives. Pagas por comer algo decente. Pagas por dormir en el suelo, por usar el water, por un medicamento. Por todo. Y si no pagas, no sales del cuarto. Te machacan psicológicamente".

"No me dio tiempo ni de ir al hospital. De pronto me vinieron los dolores de parto, avisé a unas compañeras y tuve a la niña allí mismo, en la cárcel". Y entonces Isabel ya era dos. Dos presas por la condena de una. A Isabel se le multiplicaron los gastos y las angustias, la bofetada de pensar que había tenido una hija en prisión.

El Gobierno boliviano aprobó una ley de indulto que, entre otras cosas, perdonaba a las reclusas con hijos menores de un año. «Hicieron todo el papeleo y en un mes y medio salí».

Técnicamente, Isabel debe un millar de euros a Bolivia y, realmente, necesita unos cientos para coger un avión que la traiga a España. Además de la privación de libertad, el Estado boliviano impone a cada preso una multa de 20 bolivianos (unos dos euros) por día de condena, por lo que cuando los reclusos salen en libertad (cumplida su condena o indultados) se encuentran con una deuda imposible. «Muchos ni siquiera pueden pagar el billete de avión de vuelta para España, y mucho menos la multa. Para los que no pueden pagar, lo que hacemos es obtener su expulsión del país con prohibición de retornar durante tres años y a cambio les perdonan la multa». Es Joan Borrell, reciente cónsul español en Santa Cruz de la Sierra, que lleva un par de semanas sumergido en las desventuras de sus paisanos en la cárcel de Palmasola, «para los que cualquier trámite es un problema, porque el funcionamiento de la administración de justicia es la gran asignatura pendiente del Estado boliviano».

José David es marido de Isabel y padre de Samira, ya no sabe a quién pedir 30, 40, 50 euros para sumar los 800 o 1.000 que cuesta el avión de la mejor noticia del año. "Voy sacando algo de unos y de otros, pero es mucho dinero. Yo estoy en el paro, no cobro nada y lo poco que saco haciendo trabajillos se lo he ido mandando a Isabel. Claro, que parte de eso se lo quedaba la policía de la cárcel. Bueno, ahora lo importante es que vuelvan".