En un auto, el instructor de la querella que interpuso la Fiscalía contra el magistrado Elpidio José Silva, se abre el juicio oral por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la administración de Justicia por su instrucción del "caso Blesa". Piden para él, 30 años de inhabilitación, le impone además una fianza de 60.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar del procedimiento y le da un plazo de diez días para abonarla.

La decisión de Gavilán, supone que Silva quedará suspendido de sus funciones cautelarmente hasta que se conozca la sentencia. En caso de sentencia condenatoria, Silva quedará expulsado de la carrera judicial, a la que accedió por el llamado tercer turno, sin oposición.

Gavilán ha adirmado que ha dictado la apertura del juicio oral al confirmarse que existen indicios de que cometió los delitos de los que le acusa el Ministerio Público, hechos de los que "se desprende una situación obvia de abuso, que excede de las meras infracciones administrativas".