La protesta responde a la negativa de estos sindicatos a aceptar el Acuerdo de Desarrollo Profesional para el personal de Renfe, firmado en marzo por la dirección de la empresa con los representantes de UGT y del Sindicato de Maquinistas (SEMAF).
Hay disparidad entre los datos ofrecidos por la empresa y por las organizaciones convocantes sobre el seguimiento de la jornada, ya que mientras Renfe habla de cerca de un 11 por ciento, con especial incidencia en los talleres, desde los sindicatos se apunta a cerca del 75%.
El director general de Viajeros de Renfe, Enrique Urkijo, indicó esta mañana, en rueda de prensa, que la empresa considera que la huelga es "ilegal", y que no "se entiende que se pueda llevar a cabo cuando es un acuerdo de la mayoría del Comité de Empresa".
Horas más tarde, una sentencia de la Audiencia Nacional ha dado la razón a Renfe, al señalar los magistrados de la Sala de lo Social que la demanda que impusieron CGT y CCOO "carece de fundamento legal" y que no se produjo ilegalidad en la firma del acuerdo por parte de ocho de los 15 representantes de los trabajadores, que pertenecen a UGT y a SEMAF.
Los representantes de los sindicatos convocantes, Juan Carlos Cáceres, secretario general del sector ferroviario en CCOO, y su homónimo en la CGT, José Manuel Muñoz, indicaron a EFE que el paro es un "éxito", y que no sólo es en protesta por el acuerdo firmado por la dirección de la empresa con UGT y Semaf, sino que "va más allá".
El Acuerdo de Desarrollo Profesional para el personal de Renfe, supone, según Muñoz, un recorte de personal que va a incidir en el desarrollo de un plan de viabilidad de la empresa. El secretario del sector ferroviario de la CGT dijo a EFE que lo que defienden es "que no se fragmente la empresa, que es lo que parece ser que quiere hacer la dirección", y llegar a "vender" algún activo.
Para Cáceres, el mayor riesgo que se está asumiendo por parte de UGT y del Sindicato de Maquinistas (Semaf), en el acuerdo firmado el marzo con la dirección de la empresa, es "la supresión de servicios", un "recorte" y una reclasificación profesional "injusta e innecesaria".
