La primera congelación se produjo en 1994, con Felipe Gonzálezcomo presidente de Gobierno, y la segunda, en 1997 durante el primermandato de José María Aznar al frente del Ejecutivo, en el queMariano Rajoy era ministro de Administraciones Públicas.
El Gobierno socialista de Felipe González, con Pedro Solbes comoministro de Economía, justificó la medida en la necesidad de reducirel déficit público en una época de crisis. Tampoco se abordó larevisión salarial por la desviación de la inflación registrada sobrela tasa prevista para el periodo incluido entre diciembre de 1991 ynoviembre de 1992.
El 15 de mayo de 1994, Solbes anunció que la congelación salarialpara los funcionarios acabaría el año siguiente con un aumento delos sueldos según el IPC previsto, todo ello en una coyuntura en laque el Gobierno se planteaba reducir el déficit público en tres añosdesde el 6,7 por ciento al 2 por ciento del PIB. El 16 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros aprobó elAcuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997, quecontemplaba incrementos salariales para los funcionarios conforme ala previsión del IPC.
Tras ganar el Partido Popular las elecciones generales de mayo de1996, el entonces ministro de Administraciones Públicas, MarianoRajoy, decidió el 19 de septiembre de 1996 congelar de nuevo elsalario de los empleados públicos para 1997. En esta ocasión, el argumento esgrimido fue la necesidad deelaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con loscriterios de convergencia con la Unión Europea que, entre otrosasuntos, fijaba un déficit público no superior al 3 por ciento. Los sindicatos respondieron el 11 de diciembre de 1996 con unahuelga en la función pública, la primera que afrontó el Ejecutivo deJosé María Aznar. El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional sentenció en contrade la congelación salarial impuesta a los funcionarios, dictamen quefue recurrido por el Gobierno y, posteriormente, anulado por elTribunal Supremo el 26 de febrero de 2002. CCOO recurrió al Tribunal Constitucional cuyo fallo, dado aconocer en febrero de 2005, justificaba la decisión del Ejecutivodel PP de congelar el salario de los funcionarios al señalar que lascircunstancias de 1996 y 1997 fueron "muy diferentes a lasexistentes en el momento de alcanzarse el acuerdo de 1994". Trasconocerse la sentencia, CC.OO. presentó en julio de 2005 un recursoante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
