TRAS LOS ANÁLISIS DE FMI Y AUDITORAS

TRAS LOS ANÁLISIS DE FMI Y AUDITORAS

Economía anuncia una tercera ronda de saneamientos en la banca

La banca española se enfrentará a una tercera ronda de provisiones e inyecciones de capital cuando finalicen los análisis que están realizando firmas independientes sobre sus carteras crediticias, según el Ministerio de Economía.

Luis de Guindos, ministro de Economía
Luis de Guindos, ministro de Economía | EFE

La banca española se enfrentará a una tercera ronda de provisiones e inyecciones de capital cuando finalicen los análisis que están realizando firmas independientes sobre sus carteras crediticias.

Según ha informado hoy el Ministerio de Economía, será el Banco de España el que analice el resultado de los trabajos de las consultoras y auditoras contratadas para calcular cuánto capital y provisiones necesitan los bancos españoles, para después exigirles estos saneamientos.

Por primera vez, los saneamientos adicionales no se limitarán solo a los créditos inmobiliarios, sino también a los créditos que los bancos conceden a empresas y a particulares.

Las cifras finales de las necesidades de la banca se conocerán como fecha máxima el próximo 31 de julio y muchos anticipan que serán tan altas que la banca no podrá hacerle frente por sí solas, por lo que necesitarán ser recapitalizadas por el Estado o, en último caso, por la Unión Europea (UE).

Ayer, la agencia de calificación crediticia Fitch señaló que el capital que necesita la banca española se situará entre 50.000 y 60.000 millones de euros, aunque en otro escenario más "extremo", basado en lo ocurrido en Irlanda, el importe aumentaría a una horquilla que oscila entre 90.000 y 100.000 millones de euros.

La Comisión Europea (CE) ha recomendado hoy mismo a España que espere a conocer los resultados de estas auditorías antes del solicitar un rescate europeo.

Para los bancos españoles, que viven una de las crisis más profundas de su historia, será la tercera ronda de saneamientos desde que el Gobierno de Mariano Rajoy asumió el poder, a finales de diciembre de 2011, tras dos reales decretos que han endurecido las provisiones para los créditos inmobiliarios y los activos adjudicados.

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