DEJÓ EN LA CALLE A 1.800 TRABAJADORES

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Comienza el juicio por la quiebra de Sintel tras once años de espera

El juicio por la quiebra de Sintel, la antigua filial de Telefónica vendida a Mas Tec, empresa del opositor castrista exiliado en EEUU Jorge Mas Canosa y que dejó en la calle a más de 1.800 trabajadores, comienza este lunes en la Audiencia Nacional.

El juicio por la quiebra de Sintel, la antigua filial de Telefónica vendida a Mas Tec, empresa del opositor castrista exiliado en EEUU Jorge Mas Canosa y que dejó en la calle a más de 1.800 trabajadores, comienza el lunes en la Audiencia Nacional después de once años de espera.

Este juicio fue aplazado el 4 de noviembre para facilitar la aplicación del acuerdo extrajudicial alcanzado el pasado verano entre Mas Tec y los empleados de Sintel.

Por ese pacto, Mas Tec se comprometía a compensar a los 1.828 trabajadores de Sintel con 35 millones de euros en concepto de indemnización por su despido, pensiones y los daños y perjuicios causados por la quiebra a cambio de que retiraran los cargos contra los directivos de la compañía.

Ante la Audiencia Nacional comparecerán ocho directivos de la compañía que podrían afrontar penas de prisión de entre dos años y medio y cinco años y medio por los cargos de insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública, además de 300 millones de euros de fianza para compensar a trabajadores y acreedores.

Entre los acusados figuran cuatro españoles: Ricardo Campos, ex consejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero.

Además están acusados Joel Tomas, ex consejero de Sintel y de MasTec International, José Miguel Sariego, ex vicepresidente de MasTec Incorporated, y Jorge Mas Santos, que fue presidente de MasTec Incorporated y ex presidente de Sintel y su hermano Juan Carlos Mas Santos, ex consejero de MasTec International y de Dintel.

Estos dos últimos son hijos del fallecido Jorge Mas Canosa. Entre las cuestiones previas que se tratarán antes del comienzo del juicio figura la petición de los abogados de los empleados de rechazar como parte a la comisión de control que supervisa la liquidación de la compañía (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Fogasa y Telefónica), ya que, según fuentes de los representantes de los trabajadores, no existe como entidad jurídica desde el año 2003.

Además, estas fuentes explicaron que el rechazo a su personación eliminaría el escollo para que los trabajadores pudieran cobrar los 35 millones de euros ofrecidos por Mas Tec, ya que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social quieren incluir parte de esa cantidad a la masa de la quiebra y repartirla entre los 1.788 acreedores de Sintel.

En concreto, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social quieren que una parte de la media de 12.000 euros asignados a cada trabajador debería ser incluida en la masa de la quiebra, lo que dejaría en unos 18 millones de euros el importe que finalmente percibirían los empleados. De esa cifra, once millones corresponderían al fondo de pensiones, y, el resto, a salarios pendientes, que son las cifras que se comunicaron en su día dentro del procedimiento de la quiebra. El juicio por la quiebra de Sintel se celebrará once años después de que Sintel fuera declarada en suspensión de pagos en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros. Telefónica, presidida entonces por el recientemente fallecido Cándido Velázquez, vendió la empresa en abril en 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros). En julio de 2001, la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos responsables de la quiebra de Sintel y en 2007 procesó a los ocho imputados. Según los escritos de la acusación, desde el momento de la venta los entonces responsables de la compañía fueron "descapitalizando" Sintel, que había sido fundada en 1975, a través de varias sociedades, algunas de las cuales podrían estar domiciliadas en paraísos fiscales

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