ACUERDO DE INVESTIDURA

ACUERDO DE INVESTIDURA

Aragón obligará a los bancos a ofrecer las viviendas vacías para alquiler social

El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley por el que se obliga a las entidades financieras a poner a disposición del ejecutivo autonómico las viviendas que han obtenido por ejecuciones hipotecarias para destinarlas a alquiler social y que establece multas por incumplimiento de esta obligación. Se trata de uno de los acuerdos de investidura firmados por PSOE, Podemos, CHA e Izquierda Unida.

Ventanas de una vivienda
Ventanas de una vivienda | Agencias

El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley por el que se obliga a las entidades financieras a poner a disposición del ejecutivo autonómico las viviendas que han obtenido por ejecuciones hipotecarias para destinarlas a alquiler social y que establece multas por incumplimiento de esta obligación.

Así se contiene en el decreto de medidas de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en cumplimiento de los acuerdos de investidura firmados por PSOE, Podemos, CHA e Izquierda Unida.

Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado en rueda de prensa el contenido del acuerdo en lo que tiene que ver con la vivienda.

Ha explicado que la "clave" del documento es que se "impone" a los poderes públicos la obligatoriedad legal de promover alternativas habitacionales a todas las personas en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por ejecuciones hipotecarias o por desahucios por impago de alquiler.

Así, por una cuestión de "decencia social", se obliga a los bancos a ceder las viviendas vacías que han obtenido por lanzamientos hipotecarios a disposición del Fondo Social de Vivienda de Aragón, a cambio de una contraprestación económica que se fijará posteriormente en una orden del departamento competente.

Los beneficiarios pagarán una renta que no deberá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar, y el resto será asumido por el ejecutivo autonómico, al tiempo que se establecen "multas coercitivas" para las entidades que incumplan esta obligación.

Soro ha explicado que no se trata de una expropiación ni de confiscar viviendas, algo que legalmente es imposible hacer, sino ponerlas "al servicio de las personas" con una cesión del uso.

Además, el decreto incluye medidas procesales, como la suspensión de los lanzamientos hipotecarios a personas con especial vulnerabilidad y hasta que éstas no tengan una alternativa, circunstancias que también determinará el departamento de Vivienda.

En el caso de desahucios por impago de alquiler, de forma excepcional la administración autonómica puede hacerse cargo del pago de forma provisional hasta que se encuentre una solución.

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