El consejo de administración de RTVV aprueba el ERE

El consejo de administración de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha aprobado este miércoles, con los votos de los consejeros del PP, la propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre la plantilla del ente público, que fija la salida "progresiva" de hasta 1.198 trabajadores, para dejar el grupo en "un mínimo" de 480 empleados.

Así lo ha acordado este órgano, que comenzó la reunión el martes a las 21:15 horas y ha abandonado la sede de la dirección de RTVV esta madrugada protegidos por un cordón de la Policía Nacional y bajo una lluvia de huevos y otros objetos. Al término de esta reunión, unas 200 personas que permanecían concentradas desde una hora antes de la reunión de este órgano, han esperado a las puertas del edificio para recriminar a los consejeros del PP su apoyo al ERE.

Según ha informado RTVV en un comunicado, las salidas de trabajadores comenzarán a lo largo del próximo mes de septiembre y podrán extenderse hasta el 31 de agosto de 2013, "en función de los plazos de las externalizaciones previstas en la nueva Ley del Estatuto de RTVV, aprobada por las Corts Valencianes el pasado 12 de julio". La empresa ofrece la posibilidad de que la adscripción al ERE sea "voluntaria", así como la preferencia de colectivos "especialmente protegidos" como progenitores de familia numerosa, de familias monoparentales, de hijos con discapacidad y trabajadores discapacitados.

RTVV ha destacado que, tras el período de consultas, "la dirección ha reducido en 80 el número de afectados por la reestructuración", con lo que la plantilla "mínima" se quedará en 480 trabajadores. Asimismo, según la empresa, a propuesta de los consejeros del PP, la dirección "ha mantenido parte de su oferta al Comité de Empresa y ha aprobado una ayuda lineal de 400 euros durante seis meses para todos los despedidos mayores de 45 años y la creación de una Bolsa de trabajo".

Según la empresa, este "ajuste de plantilla", enmarcado dentro de la reestructuración del sector público diseñada por la Generalitat, "obedece a criterios económicos y operativos, y pretende el ahorro de una importante cantidad de recursos de las arcas públicas", que cifra en entre 40 y 42 millones de euros anuales.