El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley para regularizar viviendas ilegales, que en Andalucía se eleva a 327.583, aunque no se trata de una "amnistía" porque no se podrán legalizar todas. En los últimos diez años en Andalucía solo unas 1.500 viviendas irregulares se han regularizado. No se sabe el número exacto de viviendas que se pondrán regularizar pero quedarán fuera las construidas en zonas de especial protección, las situadas cerca de cauces de ríos y arroyos y las situaciones que no hayan prescrito.
El decreto permite el acceso al reconocimiento de la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO) no solo a viviendas aisladas, sino también a edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado (sin planificación) y suelo urbanizable. El AFO no supone una legalización y permite que los propietarios accedan al registro de la propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
Además, los municipios podrán formular un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su plan general de ordenación urbana (PGOU). Otro eje en el que se sustenta este decreto ley es la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales.