La Generalitat tendrán que pagar 300.000 euros a una pareja por quitarle la custodia de sus hijos

La sección cuarta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat a pagar 300.000 euros a una pareja a la que retiró la custodia de sus dos hijos pese a haber informes médicos que indicaban que no se habían producido maltratos.

Fuentes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, han reconocido que la sentencia es firme y la tienen que acatar y que tendrán que devolver los dos niños a sus progenitores.

Según la sentencia, el tribunal entiende que "la administración ha ejercido inicialmente sus funciones tutelares dentro de sus competencias y al adoptar sus decisiones ha respetado el protocolo y procedimiento establecido tras el informe inicial del hospital al que fue llevado el menor A.".

Sin embargo, reprocha a la administración que haya "prolongado y mantenido por largo periodo de tiempo" la retirada de la custodia de los menores a la pareja, que reside en Altafulla (Tarragona), "tras las oportunas explicaciones médicas acerca del motivo de las lesiones, ajenas al niño zarandeado".

Así, el tribunal falla que la DGAIA "ignoró las sucesivas pruebas médicas y psicológicas concluyentes acerca de la inexistencia de maltrato, lo que causó un daño moral en los padres y en los hijos, cuya cuantía esta sala estima prudencialmente correcta en 300.000 euros". Además, también condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, con un límite de 15.000 euros.

El primer hijo de la pareja ha estado dos años, un mes y 19 días bajo la tutela de la Generalitat pese a los informes médicos que explicaban que las lesiones que presentaba cuando sus padres le llevaron al médico no eran producto de malos tratos. El segundo hijo también ha estado un año, cinco meses y 6 días bajo la custodia de la Generalitat.

En un caso, un informe médico indicó en mayo de 2010 que las lesiones del menor "no fueron consecuencia de un mecanismo de zarandeo, lo que excluía el diagnóstico de síndrome de niño zarandeado, sino que se habían originado a partir de un trauma obstétrico en el momento del parto".

En el otro menor, los médicos también certificaron que los arañazos que presentaba fueron "autoinfligidos por el niño, hecho no extraño y habitual en niños de tan corta edad con desarrollos ungueales importantes". Además, los jueces reprochan a la administración el "largo tiempo transcurrido en el que pudieron dejarse sin efecto" las medidas de retirada de la custodia tras las explicaciones médicas de las lesiones.