Entre guiños y bromas el directo de la Oficina Antifraude ha analizado las últimas informaciones que apuntan a la existencia de micrófonos en los centros florales de las mesas de un restaurante catalán, al que acuden habitualmente varios políticos del PP y en el que se habría espiado a Alicia Sánchez Camacho.  Daniel de Alfonso ha reconocido que él tenía conocimiento de estas informaciones porque los mandos policiales "estaban investigando" aunque asegura que a su departamento nunca llegó una denuncia al respecto.

La valoración que tiene De Alfonso sobre el presunto espionaje a algunos políticos de Cataluña es que "es muy serio, muy triste y en ocasiones hasta nauseabundo". El director también ha explicado cuándo el espionaje constituye un acto delitivo, ya que como tal el espionaje no está tipificado. "El colocar micrófonos para obtener información sí es un delito", pero no el espionaje de las personas como tal.

Preguntado sobre las últimas informaciones que vinculan a la ministra de Sanidad con su exmarido en supuestos viajes y regalos pagados por la trama Gürtel De Alfonso ha querido dejar claro que él tiene que "partir de la presunción de inocencia" aunque ha matizado "ahora parece que todas son presunciones de culpabilidad".

El diretcor de la Oficina Antifraude se excusó diciendo que no conocía la documentación que se manejaban al respecto de este caso pero explicó que una mujer sí tiene responsabilidad en los actos de su marido "si lo sabe y lo consiente, si no lo sabe, no".

Más tajante y concreto se ha mostrado a la hora de ofrecer su opinión sobre la medida de la amnistía fiscal a la que se acogieron siete imputados en la red Gürtel, según conocimos este miércoles. "La amnistía fiscal me parece una injusticia social, aunque entiendo los fines" ha apuntado De Alfonso que además ha propuesto a cambio un impuesto que grave la repatriacion de capitales de residentes españoles que tengan su dinero en el extranjero, a la hora de traerlo de nuevo a nuestro país.

También se ha pronunciado de una forma clara ante el patrimonio de las personalidades públicas. Poniéndose él mismo al frente de sus declaraciones, De Alfonso ha asegurado que cualquier persona pública tiene que aceptar que la ciudadanía puede sospechar de su patrimonio y dice debería tener opción de despejar esas sospechas.