Los guardias civiles responsabilizan al Gobierno del "error" de privatizar la seguridad en los aeropuertos

Asociaciones de guardias civiles han recordado al Gobierno que debe asumir el error de haber privatizado la seguridad en los aeropuertos y, aunque acatan la decisión de hacerse cargo del control en el Aeródromo de El Prat (Barcelona), insisten en que la plantilla está bajo mínimos.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha informado de que la Guardia Civil intensificará su presencia en los controles de seguridad de El Prat para garantizar el orden y la seguridad en esta infraestructura ante la huelga indefinida convocada para el lunes día 14 por los empleados de Eulen.

Nada más conocerse la noticia, las asociaciones de guardias civiles han recordado que, si no se hubiera privatizado la seguridad, antes en manos de este cuerpo, ahora no tendrían que adoptarse medidas de urgencia.

Y se remiten a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, respecto a las competencias exclusivas de la Guardia Civil, dice sobre su incumbencia: "La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insiste, en un comunicado, en que ya avisó de las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios.

"Ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva", añade.

Para AUGC, la medida supone "un problema de gestión", puesto que la plantilla de la Guardia Civil "se encuentra bajo mínimos y, además, las funciones de control en aeropuertos debe llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de Aena".

La asociación no está dispuesta a aceptar que "sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral" de los vigilantes, con quienes se solidariza.

Desde la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), su presidente, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado su defensa de los servicios públicos y su "firme oposición a suprimir puestos de trabajo que venían ocupando" los agentes del instituto armado. Rodríguez es tajante y apostilla: "De esos polvos, esos lodos", en alusión a la privatización de la seguridad.

A su vez, exige al Ejecutivo que "se ponga las pilas" y reponga e incremente los efectivos de la Guardia Civil en los aeropuertos y en las cárceles.

Mientras, desde la Unión de Oficiales (UO), su portavoz, Jesús Martín Vázquez, pide al Gobierno que se acuerde de la Guardia Civil "no solo para cumplir con su obligación", porque llevan "muchísimo tiempo demandando la equiparación salarial y sigue sin llegar".