La soprano Montserrat Caballé ha devuelto ya a la Agencia Tributaria la totalidad de los 508.462 euros que Hacienda le reclama por un presunto fraude fiscal en el ejercicio de IRPF del año 2010, simulando tener residencia andorrana.
Después de declarar ante el juez como imputada el pasado 9 de mayo, la diva ha reintegrado a Hacienda los 208.000 euros que la faltaban para saldar sus cuentas con el fisco, cantidad que se suma al primer pago de 300.000 euros que hizo a primeros de este mes. Caballé está imputada por un delito de fraude fiscal a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, que la acusa de defraudar 508.662 euros en su declaración correspondiente al año 2010, simulando que tenía su domicilio habitual en Andorra.
A los pocos días de que la Fiscalía presentara la querella, la soprano, de 81 años, entregó a Hacienda 300.000 euros y mostró su disposición a reunir el dinero para reintegrar el total de la cuota defraudada, que ahora ha saldado íntegramente sin incluir la multa que podría exigírsele por el fraude fiscal.
Fuentes jurídicas interpretan la devolución de la suma defraudada como un intento de la defensa de Montserrat Caballé de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, de cara a evitar un eventual juicio por fraude fiscal mediante una sentencia de conformidad que comportara una rebaja en la condena. Sin embargo, en su declaración como imputada del pasado 9 de mayo, la soprano insistió en negar que en el ejercicio de 2010 ingresara los 2 millones de euros que la Fiscalía cree que recaudó con sus actuaciones y mantuvo que residía habitualmente en la localidad andorrana de Sant Julià de Lòria.
Para beneficiarse de una eventual rebaja en la condena por fraude fiscal, la legislación exige que la imputada devuelva el dinero a Hacienda y que, además, reconozca haber evadido impuestos al fisco, lo que de momento no parece ir en la línea de lo declarado por Caballé ante el juez que instruye el caso.
El Código Penal establece que, si el defraudador devuelve a la Agencia Tributaria el dinero evadido en un plazo máximo de dos meses desde su citación judicial, puede beneficiarse de una sustancial rebaja de la condena por el delito contra la Hacienda Pública, que prevé multas de entre el doble y el séxtuplo de la cantidad evadida. El plazo previsto en la ley expiraría el próximo mes de julio, por lo que la soprano estaría todavía a tiempo de prestar voluntariamente una nueva declaración en la que reconozca los hechos que le imputa la Fiscalía y, así, formalizar el acuerdo con el ministerio público, han apuntado las mismas fuentes. De todas formas, aunque este plazo se agote, la defensa de la diva estaría a tiempo de pactar una sentencia de conformidad con la Fiscalía hasta en las mismas puertas del juicio, acogiéndose a la atenuante de reparación del daño que es de aplicación en cualquier tipo de delito.
