El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha decretado el embargo preventivo de bienes y derechos de la familia Ruiz-Mateos y algunas de sus sociedades hasta cubrir una cuantía de 7,91 millones de euros, estimando así la medida solicitada por inversores en pagarés en una demanda de responsabilidad de administradores.
El juez acepta esta medida cautelar "por la especial situación en la que se encuentran los demandados, con un peligro concreto de hacer desaparecer los bienes", según consta en el auto del juez del 15 de diciembre.
El embargo afecta a la esposa del fundador de Nueva Rumasa, Teresa Rivero, y a sus seis hijos varones, así como a las sociedades Clesa, Dhul, Carcesa, José María Ruiz-Mateos S.A., Inversiones Ruiz-Mateos, Maspalomas Hoteles, Rumanova y Nueva Rumasa S.A. El juez exige además como caución un ingreso en metálico de 100 euros por cada litigante.
En el auto se hace referencia a la causa abierta contra los Ruiz-Mateos en la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de estafa y apropiación indebida, y a la declaración de concurso de acreedores de algunas de las sociedades en las que los demandados figuran como administradores y de empresas avalistas de los pagarés. También alude al reconocimiento de la situación financiera del grupo en cartas remitidas "al principal banco acreedor", en referencia al Santander.
En opinión del magistrado, el denominado 'periculum in mora' está justificado en este caso "por cuanto que ya han existido enajenaciones, existiendo incertidumbre en cuanto a la posesión de sus acciones o participaciones".
En este sentido, cree necesario el embargo para "impedir que sean trasladadas a terceros" y que sea imposible su localización, "como argumenta la parte actora que ha ocurrido anteriormente en casos como Dhul o Garvey".
Los inversores, representados por el despacho malagueño Martínez Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, tienen pendiente otra demanda en los mismos términos, según fuentes jurídicas. Este embargo se suma al ordenado por el juez que tramita el concurso de acreedores de Grupo Dhul contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y sus hijos Alvaro y Francisco Javier, por valor de 618 millones de euros.
